Tras la verificación, la fiscala interina de la Unidad Especializada del Medio Ambiente de Canindeyú, abogada Zunilda Ocampos, explicó que la industria es una procesadora de maíz y fue intervenida a raíz de denuncias por manejo ilícito de desechos.

“Lo que pudimos constatar es que la industria no tiene desechos esparcidos fuera del área de trabajo, pero se comprobó que su planta de tratamiento está terminada a medias”, manifestó la fiscala Ocampos. Agregó que las documentaciones presentadas serán cotejadas por los técnicos en los laboratorios a fin de asegurar el cumplimiento de las medidas de mitigación y tratamiento de los desechos.

El Ministerio Público solicitó a los representantes de la empresa el estudio de campo y el análisis de los desechos sólidos. Los mismos deberán ser presentados en un plazo de 30 días. El asesor de la Dirección de Derecho Ambiental de la Corte Suprema, ingeniero Guillermo Pineda, manifestó que el trabajo realizado en el departamento de Canindeyú fue exitoso, ya que se pudieron comprobar ciertas irregularidades que tendrán que ser adecuadas a la ley ambiental.

Resaltó que las verificaciones, en conjunto con las demás instituciones involucradas en el cuidado de los recursos naturales, seguirán en distintos puntos del país de manera a dar cumplimiento a las normativas ambientales.
La Agrupación Ecológica y Rural (APER) también acompañó el operativo en el departamento de Canindeyú.