Debaten sobre desafíos del acceso a la información pública
En la fecha se llevó a cabo el segundo día de las “Jornadas de Diálogo Jurisprudencial y la Capacitación Especializada sobre Transparencia, Libertad de Expresión y Acceso a la Información Pública”. El encuentro se inició con el panel “El desarrollo del Derecho de Acceso a la Información Pública. Actualidad, avances y desafíos para el Sistema Judicial”, y fue seguido por diálogo abierto sobre “Experiencias y perspectivas de trabajos. Banco de Jurisprudencia Comparada, Escuelas Judiciales, Centros de Formación de Jueces”.
La primera ponencia estuvo a cargo de la abogada Sofía Jaramillo, de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien indicó que “cuando no hay rendición de cuentas ni transparencia es mucho más fácil que haya corrupción, y hoy en días las personas están empoderadas para exigir la información a los funcionarios”.
Sobre la Ley de Acceso a la Información expresó que debe tener una finalidad legítima y la búsqueda de esa finalidad tiene que ser mayor que la información. “Todos los procedimientos tienen que satisfacer las necesidades de esa ley”, puntualizó.
Agregó que las leyes de acceso a la información deben tener un tipo de oficinas, con funcionarios especializados porque los funcionarios comunes deben realizar tareas habituales además de las propias relacionadas a esta legislación: “Hay unos desafíos técnicos importantes en la región porque el acceso a la información no es solo un problema de los abogados de DD.HH., se deben incluir herramientas multidisciplinarias”.
Por su parte, la abogada Mariana Clemente Fábrega, coordinadora de la Corte IDH, explicó los casos estudiados por este entidad sobre el acceso a la información. En este sentido, comentó que la postura de la Corte IDH se rige por la norma de la Máxima Divulgación, la cual es “máxima divulgación con algunas excepciones. Estas excepciones se basan básicamente en la protección de los derechos fundamentales de los involucrados”.
La tercera ponencia le correspondió al abogado Ezequiel Santagada, representante del Grupo Impulsor del Acceso a la Información, se refirió al caso de Paraguay, que cuenta con una Ley de Acceso a la Información Pública desde 2014, relatando el proceso seguido hasta lograr la aprobación de la Ley N° 5282. Asimismo, comentó el contenido de esta legislación, a fin de aclarar las dudas de los presentes.
Concluidas las presentaciones, los demás participantes compartieron sus experiencias y los procesos vividos en los países de la región sobre la materia, debatiendo los avances y las acciones que emprenden los respectivos poderes judiciales de la región para fortalecer este derecho.
El panel contó con la participación de Guilherme Canela, consejero regional de la Unesco, en calidad de moderador, quien concluyó que “cuando se habla de Ley de Acceso se viene a la mente la lucha contra la corrupción, pero no se trata de esto solamente sino de cómo garantizar los demás derechos fundamentales, los cuales parten de la información. La ley de acceso no puede ser entendida como una ley que beneficia solamente a los periodistas, es muy importante entender que va dirigida al ciudadano común”.
Posteriormente, los magistrados continuaron debatiendo en el marco del diálogo abierto sobre “Experiencias y perspectivas de trabajos. Banco de Jurisprudencia Comparada, Escuelas Judiciales, Centros de Formación de Jueces”.
