En el marco de la causa caratulada Nº 262/2015 “Loida Esperanza Alfonso Caballero, jueza de Primera Instancia en lo Penal y de Sentencia de Villarrica, Nilda Duarte Legal, jueza de Primera Instancia en lo Penal y de Sentencia de Villarrica, Mercedes Elizabet Balbuena Ortiz, miembro del Tribunal de Apelación en lo Penal de Villarrica, s/ presunta falta ética”, el Tribunal de Ética con la presencia de los miembros: presidente Nelson Martínez Nuzzarello, vicepresidente segundo, Luis Fernando Sosa Centurión, y los miembros Francisco Aseretto y Rodrigo Campos Cervera, dispuso llamar la atención a las magistradas Loida Alfonzo y Nidia Legal, y desvinculó a la camarista Mercedes Balbuena.

En relación a los hechos, con base en publicaciones periodísticas del diario ABC Color, edición digital de fecha 24 de marzo de 2015, con el título: “Juezas farrean con defensora y luego absuelven a su defendida”, se tomó conocimiento del hecho de una despedida de soltera de la defensora pública Lisy Bogado en la cual participaron las magistradas en cuestión, cuyas imágenes fueron publicadas en la red social Facebook, en donde se pudo constatar la presencia de las juezas en la despedida de soltera. El evento se desarrolló el pasado 6 de febrero y el juicio se desarrolló entre el 3 y el 10 de febrero. Del encuentro también participó la camarista Mercedes Elizabeth Balbuena.

Al respecto, conforme a las pruebas, el Consejo Consultivo ha dictaminado, en su sesión del 21 de octubre de 2015, que en el caso Nº 262/2015 han incurrido en falta ética las magistradas Abog. Loida Esperanza Alfonso Caballero y Abog. Nilda Duarte Legal. Asimismo, no se constata falta ética por parte de la magistrada Abog. Mercedes Elizabet Balbuena Ortiz, habiéndose comprobado que esta última se excusó de entender en la causa caratulada “Ministerio Público c/ Eunice Esther Alvarenga Aguilar s/ producción de documentos no auténticos en Villarrica”, específicamente en fecha 21 de noviembre de 2013, es decir, un año y tres meses antes del evento social en cuestión.

Finalmente, la medida adoptada por el Tribunal de Ética Judicial fue declarada de carácter público, de acuerdo a lo establecido en el artículo 62, número 2, inciso “B” del Reglamento de la Oficina de Ética Judicial.