El protocolo aprobado por la máxima instancia judicial tiene el propósito de identificar las barreras actitudinales que puedan surgir de la interacción con la personas con discapacidad, de manera a proponer buenas prácticas para la excelencia en igualdad de condiciones y la no discriminación para la atención de calidad y adaptada a sus necesidades específicas de apoyo.

La Corte Suprema de Justicia aprobó este documento con el fin de crear concienciación y sensibilización a fin de brindar la información necesaria para una mejor atención y trato a las personas con discapacidad, además de educar en materia de discapacidad a todo el equipo humano que integra el Poder Judicial.

El documento fue elaborado por la licenciada María Inés Balmori, encargada del Departamento de Inclusión y Apoyo Laboral para Personas con Discapacidad (PcD), dependiente de la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos, a cargo del abogado René Genes. Asimismo, se contó con el asesoramiento y apoyo del máster en discapacidad y psicólogo César Augusto Martínez.

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