Durante la II Mesa de Trabajo Interinstitucional sobre acceso a la justicia de pacientes con causas penales que ingresan al Neurosiquiátrico, liderada por la Dirección de Derechos Humanos de la CSJ, a  cargo de la abogada Nury Montiel, se visualizaron las alternativas de rehabilitación efectiva para las personas condenadas que padezcan una enfermedad mental sobreviviente, conforme a lo establecido en el artículo 41 del Código Penal, para luego plantear la elaboración de un protocolo de actuación en caso de la atención a personas con trastornos mentales que sean parte de un proceso penal.

En la ocasión se conformaron mesas de trabajo con los diversos representantes institucionales a fin de elaborar propuestas de solución para el cumplimiento de los artículos 73 y 74 del Código Penal, y directriz sobre las medidas de mejoramiento, utilizando como base cuestionarios guías.

La mesa de diálogo estuvo conformada por camaristas, jueces penales de Garantía, de Sentencia y de Ejecución; fiscales, defensores del fuero penal; directores del Hospital Neurosiquiátrico, de Salud Mental del Ministerio de Salud y Bienestar Social, Ministerio Público, del Centro Nacional de Control de Adicciones, representantes del Ministerio de Justicia, y Senadis, entre otros.

Luego de un intercambio de ideas y puntos de vista, presentaron sugerencias sobre medidas de mejoramiento para la adecuada rehabilitación de condenados que sufriesen una enfermedad mental durante la ejecución de la pena, respaldados en el artículo 41 del Código Penal.

Por su parte, la directora del Hospital  Neurosiquiátrico, doctora Mirtha Rodríguez Rossi, manifestó que tienen una necesidad de llegar a ciertos acuerdos, sobre todo en cuanto a las órdenes judiciales de internación, con el objetivo de lograr un entendimiento con todos los actores claves de la mesa interdisciplinaria.

“El Hospital Psiquiátrico no cuenta con las condiciones para alojar a un paciente privado de su libertad por algún hecho punible a pesar de que padezca de algún trastorno metal. En estos casos los magistrados y jueces deben rever la imposición de un periodo de internación, ya que el problema en sí no radica en la orden de internación. Entonces lo que solicitamos es la restricción de los plazos o tiempos en los plazos de internación”, refirió.

De igual manera el camarista doctor Arnaldo Martínez Prieto señaló que la idea es generar una concientización para que el  tratamiento de personas con discapacidad asuma un rol de eje dentro de esta problemática; los problemas del orden penal no empiezan en los tribunales sino en otras instituciones, como ser la Policía Nacional y el Ministerio Público.

“Lo que tratamos es la relación existente entre el Poder Judicial y el Hospital Neurosiquiatrico, la atención clínica de estas personas, ya que muchas veces existen tratamientos que alteran el espíritu y la norma, que debe ser manejados por un magistrado dentro de un proceso  jurisdiccional. El objetivo es generar una humanización en el trato de las personas diferentes, de manera que el proceso pueda desarrollarse en vías de inclusión”, concluyó.