Durante la reunión, la directora de Amnistía Internacional Paraguay, Rosalía Vega, indicó que el informe presentado es el resultado de una investigación realizada por la organización en Paraguay y Perú. Por su parte, Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, fue la encargada de explicar el contenido del informe.

En ese sentido, manifestó la importancia de hacer conocer a la Corte Suprema de Justicia “los ingredientes para criminalizar a las personas defensoras del ambiente, del territorio y de los derechos humanos vinculados a la tierra”, como  la estigmatización, los marcos normativos que permiten desalojos forzados y la apertura de expedientes judiciales infundados a  defensores y líderes.

Según el informe, Amnistía pudo identificar que esta receta para criminalizar tiene serias implicaciones sobre el derecho a defender los derechos humanos, es por eso que presentaron el informe al Presidente de la Corte Suprema, de manera a conocer y atender las peticiones de las comunidades afectadas.

De la reunión que se realizó en la sala de acuerdos del Palacio de Justicia de Asunción, participaron también, la abogada Nury Montiel, directora de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia y Rodrigo Sales, investigador de Amnistía Internacional.