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Corte Suprema de Justicia

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19 DE DICIEMBRE DE 2006

INICIATIVA DEL MINISTRO MIGUEL OSCAR BAJAC

Corte firma convenio para implementar Programa de Facilitadores Judiciales Rurales

La Corte Suprema de Justicia firmó un convenio con INECIP Paraguay, para poner en marcha el programa de “Facilitadores Judiciales Rurales”. Para la ejecución del proyecto la institución recibió una donación del Gobierno de China Taiwán de 30.000 dólares americanos que fue gestionada por la máxima instancia judicial. El programa se pondrá en vigencia en febrero próximo en tres departamentos: Concepción, San Pedro y Canindeyú.

La Corte Suprema de Justicia firmó un anexo con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales del Paraguay (INECIP) dentro del marco del convenio de cooperación con la mencionada institución a fin de ejecutar el programa de “Facilitadores Judiciales Rurales” o “Promotores Jurídicos”. El objetivo es reforzar el acceso de la Justicia, fortalecer mecanismos de prevención y mantener el equilibrio social y la convivencia armónica.

 

El acto contó con la presencia del presidente de la máxima instancia judicial, doctor José Raúl Torres Kirmser, el ministro de la Corte Suprema y coordinador del proyecto, doctor Miguel Oscar Bajac Albertini, David Hu, embajador de la República de China Taiwán, José María Liu, ministro de la embajada de la Republica de China, Taiwán, Marcos Khon Gallardo, presidente de INECIP, Paraguay y Roque Orrego, coordinador de la mencionada institución.  

 

En base a lo acordado, INECIP se compromete a ejecutar los fondos recibidos en donación del Gobierno de China Taiwán y a rendir cuentas al organismo que designe el donante, con copia a la Corte Suprema de Justicia, cumpliendo de esta manera con las normas administrativas correspondientes a fin de transparentar las gestiones realizadas.

 

En ese sentido, cabe resaltar que la donación hecha a INECIP por el Gobierno de China Taiwán y gestionada por la máxima instancia judicial es de 30.000 dólares americanos, monto que será utilizado para iniciar el programa de Facilitadores Judiciales Rurales.

 

En tanto, la Corte Suprema se compromete a proveer los insumos necesarios para la ejecución del programa. Asimismo, ambas partes se comprometen a realizar gestiones con organismos nacionales o internacionales a fin de conseguir otras donaciones para seguir con el proyecto.

 

“Creo que este sistema de facilitadores judiciales va a llegar a los lugares en donde no hay jueces de paz, donde no existe ningún tipo de administradores judiciales, y en donde los ciudadanos no pueden acceder a la Justicia porque primero son pobres y segundo no tienen posibilidades por estar lejos de los lugares donde se encuentran los centros de atención de la Justicia”, señaló, el ministro Miguel Oscar Bajac al termino de la firma del convenio.

 

Recordemos que el programa “Acceso a la Administración de Justicia en Zonas Rurales”, conocido como Programa Facilitadores Rurales y que se pondrá en vigencia desde febrero próximo, surge en base a las características principales que se dan en las áreas rurales  del país, especialmente las ubicadas en las regiones de Concepción, San Pedro  y Canindeyu donde se reflejan un alto grado de aislamiento, inseguridad, altos niveles de violencia y una constante amenaza a la estabilidad social y política motivada en gran parte por la extrema pobreza.       

 

Requisitos para ser facilitadores rurales

 

Algunos de los requisitos para ser facilitadores rurales son: ser mayor de edad, ser líder reconocido en su comunidad, ser una persona reconocida por la opción de la no violencia activa y el rechazo al uso de las armas, no ejercer cargo de ninguna índole político partidaria, no ser militar en servicio activo o siéndolo, haber renunciado por lo menos cinco años antes del nombramiento y haber recibido las capacitaciones que al afecto desarrollen el Programa de Facilitadores Rurales, el Poder Judicial y otras organizaciones hábiles para el efecto.      

 

En tanto, las funciones que deben cumplir el facilitador son las de orientar a las personas de su comunidad en trámites judiciales, administrativos, y multiplicar los conocimientos adquiridos a través de las capacitaciones desarrolladas por el Programa, el Poder Judicial y otras organizaciones en sus comunidades.
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