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24 DE ABRIL DE 2014

INFORME ANUAL 2013 DIVULGADO RECIENTEMENTE

CIDH dice que sentencia de la Corte es un avance para libre expresión

La Sentencia 1.306 de la Corte Suprema de Justicia, que permitió el acceso a la información sobre datos de funcionarios públicos y sus remuneraciones, fue celebrada como un “importante avance regional” por la Relatoría para la Libertad de Expresión en el Informe Anual 2013 presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En su parte pertinente, dicho Informe señala:

“La Relatoría Especial recibió con satisfacción la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, a propósito de una acción de inconstitucionalidad incoada por el Defensor del Pueblo de la República en contra del Acuerdo y Sentencia N° 78 de 16 de julio de 2008, dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial Quinta Sala de la Capital. Mediante esta decisión el Tribunal había denegado un recurso de amparo interpuesto por un ciudadano para que le fuese entregada información relativa a la cantidad de empleados, nombres, puestos de trabajo y salarios de los empleados que se encontraban trabajando en los distintos departamentos de una municipalidad.

“En su decisión de 15 de octubre de 2013 la Corte Suprema de Justicia decidió anular la decisión que negaba el acceso a la información pública y, en su lugar, determinó que la información debía ser publicada y difundida. La Corte citó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claude Reyes y otros Vs. Chile como fuente para establecer el alcance del derecho de acceso a la información, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Relatoría Especial considera esta decisión un importante avance regional en materia de acceso a la información y libertad de expresión”, señala la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH.

La señalada sentencia había derivado luego en la publicación masiva por parte de todas las instituciones estatales de las nóminas de funcionarios públicos con todas las remuneraciones y datos que fueron considerados en la resolución como datos públicos y que deben estar abiertos y disponibles al conocimiento de la ciudadanía. A nivel local, los medios de comunicación y diversas organizaciones consideraron como una sentencia “histórica y ejemplar”.
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