Reporte resultante de la aplicación de la Encuesta Nacional de Victimización (ENV) y presentación de síntesis de resultados de la dimensión Crimen Organizado

El equipo técnico al servicio de la Oficina Técnica Penal, con apoyo de INECIP-Paraguay y USAID concluyó el reporte resultante de la aplicación de la Encuesta Nacional de Victimización (ENV), cuyos resultados están agrupados en seis dimensiones, que se irán presentando periódicamente. Estas dimensiones son las siguientes:

1) Percepción de la seguridad pública,

2) Victimización por delitos contra el hogar y contra las personas,

3) Victimización en general,

4) Criminología mediática,

5) Crimen Organizado, y

 6) Corrupción.

En esta ocasión presentaré los hallazgos más importantes del eje crimen organizado, que una vez aprobados por el pleno de la Corte se disponibilizará en el Observatorio de la OTP.

La Encuesta Nacional de Victimización (ENV), se aplicó entre el 15 de marzo y 20 de abril de 2023, a una muestra representativa nacional de 1400 personas mayores de 18 años y más, siguiendo los lineamientos de la International Crime Victims Survey de las Naciones Unidas, y adaptada para el caso paraguayo. La muestra permite resultados comparativos entre cuatro regiones:

1) área metropolitana (Asunción y Central);

2) Norte y Nordeste (Concepción, San Pedro, Amambay, Caaguazú, Alto Paraná y Canindeyú);

3) Centro (Cordillera, Paraguarí, Guairá, Caazapá), y

4) Sur (Itapúa, Misiones, Ñeembucú);

así como entre ciudades pequeñas y grandes, por sexo, grupo de edad y nivel socioeconómico. Igualmente, es comparable con datos de la ENV de 2017 realizada por INECIP Py y la Universidad Nacional de Pilar (UNP), con fondos del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías (CONACYT).

La Encuesta Nacional de Victimización es una herramienta internacional que permite a los Estados diagnosticar científicamente problemas relativos a la violencia, inseguridad, y en este caso también crimen organizado y corrupción, y posibilita la adopción de medidas relativas al control de estas, basadas en evidencia empírica, de manera a optimizar resultados. Este estudio realizado a instancias de la Oficina Técnica Penal de la Corte Suprema de Justicia será igualmente útil y puede ser puesto al servicio de los demás poderes del Estado.

DIMENSIÓN CRIMEN ORGANIZADO

La preocupación ciudadana por el crimen organizado llega al 68,2%; sube al 70,7% en el norte y noreste y al 69,9% en el área metropolitana. Con relación a los reconocimientos de los grupos, el 75,5% escuchó hablar del Primer Comando de la Capital (PCC) y el 72,6% del Clan Rotela, sin embargo, los porcentajes cambian según la región y tamaño de ciudades. En el área metropolitana, el 79,7% conoce al PCC y el 82,1% al Clan Rotela.

Respecto a la actuación en los barrios, el Clan Rotela tiene mayor presencia en el área metropolitana y el PCC en la zona norte y este, así como en grandes conglomerados urbanos. Respecto a las causas que consolidan la presencia de estos grupos, el 53% indica la falta de trabajo y oportunidades, el 38% la pobreza, y el 32% la falta de trabajo. Los pedidos ciudadanos para derrotar a estas bandas criminales fueron las siguientes de una lista de respuestas múltiples: oportunidad laboral y educativa a los jóvenes: 41,7%; luchando seriamente contra la pobreza: 36,3%; reformando la Policía para sacar a los corruptos: 29,8%; reformando a la Fiscalía para sacar a los corruptos: 21,2%; reformando el Poder Judicial: 18%; enjuiciando y condenando a los políticos corruptos: 15,7%.

 Las conocidas como políticas de mano dura son las que obtuvieron los menores porcentajes de adhesión ciudadana: solamente el 11,0% pide involucrar el ejercito en la lucha al crimen; el 4,6% pide penas carcelarias más duras para los miembros de estas bandas; el 2,7% pide militarizar y poner toque de queda en las ciudades donde mayormente esas bandas actúan y el 1,2% pide armar la ciudadanía para que puedan defenderse por medios propios.

La valoración del trabajo institucional en la lucha contra el crimen organizado es mayor a la valoración en general de las instituciones de seguridad y justicia. De este modo, es calificado como bueno y aceptable en las siguientes proporciones: Policía: 52,2%; Fiscalía: 43,8%; Jueces y Tribunales: 43,4% e Instituciones Penitenciarias: 38,8%.

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