Contexto y Antecedentes

El Poder Judicial en Paraguay ha manifestado su avance en pro de los DDHH y de la incorporación de la perspectiva de género en el quehacer judicial. Es así como, en el año 2010 se dictaron por la CSJ dos (2) Acordadas con relación a esta temática, como la N° 609 de 2010, por medio de la cual se crea la Secretaría de Género dependiente de la Corte Suprema de Justicia (SEG-CSJ), que funge como un mecanismo institucional especializado, altamente técnico y competente, con recursos adecuados para impulsar el proceso de incorporación de la perspectiva de género en materia de igualdad, no discriminación y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

De otra parte, la CSJ en desarrollo de sus funciones legales dicta la Acordada N° 657 de 2010 por la cual establece la Política de Transversalidad de Género dando alcance a los mandatos constitucionales que propugnan por una igualdad real y efectiva, el derecho a la igualdad y no discriminación establecido en diferentes instrumentos internacionales ratificados por Paraguay, entre otros, la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Belém do Pará, la Convención Internacional sobre todas las Formas de Discriminación Racial, el Convenio 169 de la OIT, Convención de los derechos de las personas con Discapacidad, etc.

Todos estas referencias normativas, de decisiones políticas, de actividades de capacitación y construcción de herramientas de apoyo a la judicatura por parte de organismos internacionales, los poderes judiciales de la Región y del propio Poder Judicial de Paraguay, sirven de soporte y justifican el establecimiento de un Concurso que premie la excelencia de los/as operadores/as judiciales, por su trabajo encaminado al reconocimiento del derecho a la igualdad y la no discriminación en las decisiones judiciales, que se encargue de premiar la excelencia en la magistratura de Paraguay por la incorporación del enfoque de género y de derechos humanos, en las sentencias, como una estrategia que  permite avanzar en el respeto, protección y garantía de los DDHH y de  manera especial en el acceso a la justicia de todas las personas sin distinción.

Visto lo anterior, es necesario contar con un reglamento que señale las directrices que deben regir el concurso en todos los aspectos, como es  el que se presenta a continuación.

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