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19 DE NOVIEMBRE DE 2026

MÓDULO VI DEL DIPLOMADO EN DERECHO ADMINISTRATIVO

Analizaron el derecho a la buena administración y la tutela de los usuarios de servicios públicos

Se desarrolló el Módulo VI del Diplomado en Derecho Administrativo, dedicado al derecho a la buena administración y a la tutela  de los usuarios de servicios públicos. La disertación estuvo a cargo de la abogada Pierina Ozuna Wood, miembro del Tribunal de Apelación Civil y Comercial, quien abordó contenidos orientados a profundizar los principios de la buena administración y su aplicación en la relación entre el Estado y la ciudadanía. La actividad se llevó a cabo en el Salón Auditorio “Doctora Serafina Dávalos” del Palacio de Justicia de Asunción.

Durante la exposición, la magistrada hizo énfasis en el concepto de servicio público, al señalar que constituye una de las cuestiones más complejas del Derecho Administrativo, debido a las distintas interpretaciones doctrinarias sobre su definición y alcance. En ese sentido, explicó que no existe un concepto unívoco, sino diversas denominaciones y aproximaciones, como servicios esenciales, universales, estatales, de la comunidad y económicos de interés general.

Asimismo, propuso analizar la relación de las personas con los servicios públicos desde su condición de usuarios, clientes o administrados, profundizando en los derechos que les corresponden y en las herramientas disponibles para su protección.

En ese contexto, abordó las posibilidades de defensa de los usuarios, particularmente a través de la Secretaría de Defensa del Consumidor (SEDECO), y presentó referencias a casos vinculados con la protección de los derechos de consumidores y usuarios de servicios públicos.

El Módulo VI concluyó con las actividades desarrolladas los días miércoles 18 y jueves 19 de noviembre, dando continuidad a los contenidos abordados en módulos anteriores e incorporando una perspectiva centrada en el ciudadano y en la importancia de garantizar una administración pública adecuada, así como mecanismos efectivos de protección frente a la prestación de los servicios públicos.

El diplomado es impulsado por la Corte Suprema de Justicia, a través del Centro Internacional de Estudios Judiciales (CIEJ) y la Oficina Técnica de Apoyo al Fuero Contencioso Administrativo.

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