El Tribunal de Apelación Tercera Sala confirmó la resolución dictada el 25 de enero del 2010 por el juez de Garantías, Hugo Sosa Pasmor, por la que se prohíbe a los funcionarios de la Dirección General de Migraciones, Carlos Alberto Alcaraz y Ever Ariel González, acercarse a las oficinas de la institución. Los mismos están procesados por cohecho pasivo agravado.
Dirigentes del Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay (SIFJUPAR) mantuvieron una reunión con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor José Raúl Torres Kirmser para solicitar la agilización de la presentación al Congreso del pedido de ampliación presupuestaria con miras a lograr el reajuste salarial. El titular del más alto Tribunal del país manifestó su predisposición para apoyar la iniciativa.
Los dos gremios de magistrados judiciales emitieron un comunicado defendiendo la disposición constitucional que otorga la autarquía presupuestaria al Poder Judicial. De esta manera, solicitaron al Congreso el rechazo de la propuesta del Ministerio de Hacienda que busca modificar parcialmente la Ley del Presupuesto General de la Nación.
El juez de Horqueta Hernán Centurión, dispuso la prisión preventiva para Mary Blanca Bracho, quien presuntamente se desempeñaba como informante del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). La acusada está siendo trasladada al penal del Buen Pastor, donde estará recluida. La misma se presentó ayer ante el juzgado de la citada localidad.
Tres de los procesados por lesión de confianza en la Secretaría de Acción social, fueron favorecidos con medidas alternativas de prisión. Las mismas fueron otorgadas ayer por el juez Miguel Tadeo Fernández. Los imputados tienen un plazo de 10 días para presentar una caución de 340 millones de guaraníes o las medidas serán revocadas.
La Sala Civil y Comercial de la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de apelación ante el apartado tercero del acuerdo y sentencia número 112 dictado el Tribunal de Apelación, Primera Sala y declaró desierto el incidente de nulidad, que fueron interpuestos por la abogada Solange García, en representación del capitán Hilario Ortellado. El mismo, demandó al Estado paraguayo por daños y perjuicios, pues había estado recluido junto con otros militares, por estar presuntamente involucrados en la muerte del cadete Alberto Anastasio Benítez. Por último, la Sala dispuso que las costas sean abonadas por ambas partes.
Esta mañana la ministra de la Corte Suprema de Justicia, Alicia Pucheta de Correa, magistrados y directores, continuaron con el análisis del Manual de Procedimientos para la Oficina de Coordinación y Seguimiento de Juicios Orales. El objetivo del mismo es uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo, a fin de evitar su alteración o simplificar la responsabilidad por fallas o errores.
Durante una conferencia de prensa, la directora del Registro del Automotor, Dolly Larrosa, aclaró la situación registral del automóvil con chapa AYT 706. Igualmente afirmó que el RUA sólo cumple una función administrativa, y que la Policía Nacional y el Ministerio Público son los órganos encargados de realizar los controles, y que también tienen acceso a la base de datos de los automotores registrados.
Mañana, a partir de las 16 horas, se inicia un seminario taller sobre “La Función Notarial del Actuario Judicial”, dicha jornada se llevará a cabo en la sala de juicios orales del Palacio de Justicia de la ciudad de Villarrica y contará con la presencia de la doctora Gladys Teresita Talavera de Ayala, Asesora Notarial y Registral de la Circunscripción Judicial de Guaira.