En atención a la publicación del Diario ABC Color, Edición Impresa del día 13 de marzo de 2015, en la Sección Interior, página 37, intitulada: “Presentarán denuncia contra jueza Víctoriana Cáceres por prevaricato”, la Dirección de Comunicación de la Corte Suprema de Justicia considera conveniente poner a conocimiento de la opinión pública lo siguiente:
La presente publicación expresa: “La ley es letra muerta en los juzgados de Ciudad del Este”. Respecto a este punto se hace un esfuerzo por demostrar que en “los juzgados de Ciudad del Este las leyes tienen un valor relativo”, analizando un caso judicial que en estos momentos se encuentra en investigación de la Superintendencia General de Justicia del Poder Judicial por providencia del Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, que dispone que la oficina de análisis investigue los hechos relacionados al caso.
Debemos señalar que se ha presentado una generalización injusta y dañina al señalar que “…los magistrados no tienen problemas en violar el marco jurídico que rige en el país y todo indica que lo hacen al mejor postor”, y afirmar posteriormente, en otro párrafo, que “…los jueces actúan de sepultureros”.
En otra parte se lee que “Si a los ministros de la Corte Suprema de Justicia no les importa lo que sucede en Ciudad del Este, ¿qué se puede esperar de aquellos magistrados que están lucrando con sentencias groseras y aberrantes?", a lo que cabe reiterar que la Corte Suprema de Justicia se encuentra ejerciendo su potestad de superintendencia a pedido de los superintendentes de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, doctores Gladys Bareiro de Módica y Sindulfo Blanco, a través de las instancias de control y evaluación institucionales.
Del estudio del caso deberán comprobarse las supuestas irregularidades que se afirman en la referida publicación y, de darse el caso, recomendar las sanciones a través de las instancias establecidas por las normas vigentes. En lo que concierne al ámbito jurisdiccional propiamente dicho, la Corte no puede emitir preopinión alguna y mucho menos considerar aspectos que hacen al fondo de la cuestión.
Por último la publicación expone: “El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados inició una investigación de oficio a la recién nombrada jueza Víctoriana Cáceres”. Corresponde puntualizar que la doctora Gladys Bareiro de Mödica también integra el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que es el único órgano constitucional con la atribución de enjuiciar y remover a los magistrados judiciales, por la comisión de delitos o mal desempeño de sus funciones.
Precisamente la Corte Suprema de Justicia, a través de sus ministros representantes, ya ha remitido en numerosas ocasiones los antecedentes de actuaciones de magistrados, que han tenido como resultado la sanción o destitución de los mismos en los casos en los que se ha podido comprobar que se incurrió en mal desempeño de sus funciones.
Se solicita respetuosamente el análisis más profundo de la información judicial aludida con el fin de evitar que se iguale a todos los magistrados del Alto Paraná siempre por lo negativo y contribuir de esa manera a determinar las responsabilidades individuales en cada caso. La difusión de informaciones inexactas o incorrectas produce un gran perjuicio a la institución.
