La abogada Karina Penoni, secretaria de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia  recibió en su despacho a los familiares y víctimas del Ycuá Bolaños, quienes solicitaron conocer la instancia en que se encuentran el pedido de extinción de la causa planteado por Jorge Raúl Garcete, defensor de los accionistas de la cadena de supermercado, Humberto Casaccia y Antolina Burgos de Casaccia, así como las diferentes casaciones planteadas en la causa.

Al respecto, Penoni informó que aun no se tiene a mano la totalidad de los expedientes de la causa y que una vez que se cuente con todos los documentos, se deberá conformar la Sala Penal, ya que falta uno de los integrantes tras la vacancia dejada por el doctor Wildo Rienzi, de manera a estudiar el pedido de extinción presentado por la defensa.

Posterior a ello, los miembros de la sala se abocarán a analizar los 13 recursos casación planteado por la fiscalía y la defensa, y cuyo plazo es de 10 días hábiles por cada casación.

Carmen Rivarola, uno de los representantes de las víctimas y familiares del Ycuá Bolaños, indicó que estará expectantes a lo que se decida, pero que están más tranquilos al saber que el caso ya pasó a manos de la Corte Suprema.

“Nos explicaron que los plazos son muy largos y otra vez entramos en el juego de cuantas chicanas van a volver a plantear los abogados defensores dentro de los recursos de casación; finalmente vamos a tener que seguir moviéndonos y ejerciendo presión porque si vamos a seguir otra vez en el tiempo y en los tiempos de los abogados de la defensa vamos a tropezar con el mismo problema del peligro de extinción, es decir, no podemos depender de los plazos y de los tiempos de los abogados de la defensa y vamos a volver reiterar que se cumplan los plazos procesales dentro del tiempo establecido” indicó, Rivarola.

Por otro lado, los familiares y víctimas del siniestro manifestaron su preocupación ante la decisión adoptada por el Comité de Iglesias, de retirarles la asistencia jurídica en lo relacionado a la parte civil, al tiempo de indicar que actualmente son más de cien los afectados que se quedaron sin abogado defensor.

Indicaron al respecto que “el argumento que nos dieron es que los abogados tienen mucho trabajo, y que tampoco cuentan con recursos económicos disponibles para seguir con nuestras defensa”