Miembros de la Asociación de Productores de Soja, Oleaginosas y Cereales del Paraguay (APS) se reunieron con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Vìctor Manuel Núñez, a quien pidieron seguridad jurídica respecto a la invasión de más de 5.000 hectáreas en distintas localidades del país, que involucra al desaparecido Banco de Inversiones del Paraguay S.A. (Bipsa). Al respecto, la máxima autoridad judicial expresó que tomarán cartas en el asunto para dar una pronta solución al reclamo del gremio.
Un grupo de escolares del 6º grado de la Escuela República del Brasil visitó la sede del Palacio de Justicia de Asunción, dentro del marco de la campaña “Educando en Justicia” declarada de interés educativo por el Ministerio de Educación y Cultura. En la ocasión, el juez de sentencia Héctor Capurro dialogó con los niños sobre como se aplican las sanciones a las personas que infringen la Ley.
A 20 años de prisión fueron condenados, los responsables del asesinato de Oscar Gerardo Chiola Valloud, ocurrido el 23 de octubre del 2003 en Guayayby, Departamento de San Pedro. El Tribunal de Sentencia que dictó la condena estuvo integrado por los jueces Carlos Ortíz Barrios, Daniel Ferro y Arnaldo Fleitas. Los sentenciados son Richard Martínez Rojas y Osvaldo Vázquez Lesme.
Con el objetivo de avanzar en el diseño de un espacio de participación entre el Poder Judicial y jóvenes universitarios, se inicia una serie de talleres con operadores de justicia. Las actividades se desarrollan en el local del Centro de Estudios Judiciales (CEJ) y esta como principal facilitador el abogado chileno Felipe Marín Verdugo.
El Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, integrado por su presidente el doctor Víctor Manuel Núñez Rodríguez, los vicepresidentes primero, doctor Raúl Torres kirmser y segundo, doctor Sindulfo Blanco resolvió de oficio, tras la audiencia mantenida con la jueza de la Niñez y la Adolescencia de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, la realización de una auditoría de gestión jurisdiccional, “de reacción inmediata” ante la situación presentada en el expediente “Comercial e Inmobiliaria Paraguaya S.A.C.I.P.A.S.A. s/ Convocatoria de Acreedores”.
Durante la plenaria de la fecha, la Corte Suprema de Justicia resolvió, entre otros puntos aprobar una Acordada por la que se establece el marco regulatorio para el procesamiento de resoluciones en los Sistema de Gestión de las Salas de la máxima instancia judicial y sus publicaciones en medios electrónicos. Asimismo, se aprobó el diseño propuesto para la construcción y terminación del 7mo. y 8vo. Pisos de la Torre Norte y del Puente de unión entre las Torres Norte y Sur del Palacio de Justicia de Asunción. Otra decisión fue la de modificar la Acordada Nº 519 del presente año disponiendo que los juicios de la ciudad de Fernando de la Mora sean tramitados en la ciudad de San Lorenzo.
El juez Miguel Tadeo Fernández determinó que el precio del pasaje en el transporte público siga en 2.200, guaraníes. Con su decisión anula la resolución de la Secretaría de Transporte del Área Metropolitana y Asunción (SETAMA), por la cual había elevado el costo del pasaje a 2.300 de la moneda nacional. El magistrado dio curso favorable a un recurso de amparo presentado por la Asociación de Usuarios y Consumidores del Paraguay (Asucop).
El Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, integrados por los jueces María Mercedes Boungermini, Neri Villalba Fernández y Arnaldo Martínez Prieto falló a favor de la información al conceder un amparo constitucional en contra de la Municipalidad de Lambaré que se negó a brindar informes sobre el presupuesto municipal para el 2007, al ciudadano Félix Picco Portillo, quien tuvo el apoyo de la Defensoría del Pueblo. En tal sentido esta sentencia sienta un precedente importante para futuras causas respecto al derecho de acceder a la información pública.
Tres juezas del fueron civil de nuestro país, Mirtha Ozuna de Cazal, Judith Gauto y María Angélica Calvo Giménez participaron del Seminario Internacional Innovación en la Justicia Civil desarrollado en Santiago de Chile. El encuentro tuvo por objetivo analizar los factores que deben considerarse para estructurar una agenda de reformas de la justicia civil en Latinoamérica.
