Mediante el Acuerdo y Sentencia Nº 1.306 la Corte Suprema de Justicia hizo lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la nulidad del Acuerdo y Sentencia N° 78 de fecha de 16 de julio de 2008, dictado por el Tribunal de Apelaciones.

Atendiendo que el caso representaba un tema fundamental en materia de derechos humanos y por su interés público, la Corte se constituyó en pleno para su tratamiento. El ministro preopinante fue el doctor Antonio Fretes, a cuyo voto se adhirieron los ministros Gladys Bareiro de Módica, Alicia Pucheta de Correa, Sindulfo Blanco, Víctor Núñez, Raúl Torres Kirmser y los camaristas Óscar Paiva Valdovinos, Valentina Núñez y Neri Villalba.

Recordemos que en el año 2007 el ciudadano sanlorenzano Daniel Vargas Telles quiso saber cuántos funcionarios trabajaban en la Municipalidad de San Lorenzo, qué funciones cumplían y cuánto ganaban. Ante la falta de respuesta, Vargas inició una demanda de pronto despacho y en Primera Instancia se resolvió "no hacer lugar” a esta acción de amparo constitucional, disposición que fue confirmada luego en segunda instancia por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Quinta Sala de la Capital.

Como punto de partida del fallo de la Corte Suprema, se hace referencia al artículo 28 de la Constitución Nacional, el cual “reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime. Las fuentes públicas de información son libres para todos”.

La Corte Suprema tuvo en consideración la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Claude Reyes vs. Chile”, en el cual se fundamentó que el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos estipula expresamente el derecho que tiene toda persona al acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención.

Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando, por algún motivo permitido por la Convención, el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto.

Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción. Su entrega a una persona puede permitir a su vez que esta circule en la sociedad de manera que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla. De esta forma el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, el cual también contiene de manera clara las dos dimensiones, individual y social, del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, las cuales deben ser garantizadas por el Estado en forma simultánea.

LEY DE ACCESO
En setiembre del año pasado el Presidente de la República refrendó la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley N° 5.282/14), con lo que quedó promulgada. En la oportunidad, el Jefe de Estado pronunció un mensaje a la ciudadanía, dijo que “estamos viviendo un momento histórico en nuestro país” y recordó que ya se había comprometido que desde el primer día de su administración se pondría a “trabajar para acabar con la injusticia y el mal uso del dinero público”.
 
“Cuando hay transparencia, la gente vuelve a estar por encima de los intereses personales, porque le entregamos las llaves del poder al pueblo, para que el pueblo mismo sea contralor del gasto público”, apuntó.
 
“Por eso, logramos que se publiquen las nóminas de funcionarios públicos con sus salarios y viáticos, por eso logramos que se publique la administración de proyectos de cada una de las instituciones del gobierno. Y hoy todos los paraguayos y el mundo pueden ver en la página web de nuestro gobierno nuestros presupuestos y nuestros proyectos. Como debe ser en un país democrático, en donde el gobierno está al servicio del pueblo, y el pueblo ve y sabe cómo se maneja el dinero que es de ellos”, significó.
 
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA
En setiembre de este año la Corte Suprema de Justicia creó la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dependiente de la máxima instancia judicial, la que se constituirá en órgano de aplicación de la Ley N° 5.282/14, en los términos y alcances establecidos por esta.

La Dirección tendrá como objetivo general a su cargo proponer, coordinar y monitorear las políticas de transparencia y acceso a la información pública en el Poder Judicial, las que serán definidas por la Corte Suprema de Justicia en el marco de los estándares nacionales e internacionales vigentes en la materia.

A fin de hacer efectivos los mandatos de la ley respectiva, la Dirección implementará mecanismos para la transparencia activa y para la atención de solicitudes de información de la ciudadanía a través de Oficinas de Acceso a la Información Pública en todas las circunscripciones judiciales, de acuerdo a las programaciones presupuestarias correspondientes.

La resolución de la Corte dispone que las dependencias existentes de las Mesas de Información y Orientación Judicial pasen a depender de la Dirección creada y, a través de la Dirección General de Administración y Finanzas, se adopten las medidas necesarias para dotar de presupuesto, recursos e infraestructura adecuados a la nueva Dirección.
 
Además, se encomienda a la Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones el desarrollo de los soportes informáticos necesarios para la eficiente gestión del acceso ciudadano a la información del Poder Judicial.

Finalmente, en la resolución se nombra al Abg. José María Costa en carácter de director interino de la citada Dirección, sin perjuicio de sus funciones, y encomendar al mismo las tareas pertinentes de organización y funciones.