En la referida resolución se aclara expresamente que “la medida dispuesta es sin perjuicio de las funciones o facultades que correspondan a la Contraloría General de la República como órgano de control de las actividades económicas y financieras del Estado".

Es importante recordar que el más alto tribunal jamás sostuvo en sus fallos que la Contraloría se encuentre vedada de ejercer su función constitucional de auditar a las instituciones públicas.