La Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), a través de la resolución, firmada por el presidente del organismo, Wilfredo Sagastume, y el secretario general, Carlos Wilfredo García Amaya, reiteró asimismo su compromiso de asegurar de modo permanente el respaldo a la consolidación de la independencia de los poderes judiciales y de los jueces y juezas, denunciando toda acción o decisión, interna o externa, que pueda condicionar política, económica, social o funcionalmente la independencia del Poder Judicial como Poder del Estado.

Cita además al Estatuto del Juez Iberoamericano en su artículo 4, de las Garantías e Incompatibilidades, que sostiene que “Deberán gozar de un estatuto económico compatible con la dignidad y relieve social de su función, no pudiendo sus remuneraciones ser inferiores a la de los titulares de otros poderes del Estado y garantizándose que no podrán ser reducidas y que serán actualizadas de acuerdo con la tasa de inflación”.

Igualmente señala en cuanto a la Declaración de los Principios Mínimos sobre la independencia de los poderes judiciales en América Latina, que en su artículo 9 menciona que “El juez debe recibir una remuneración que sea suficiente para asegurar su independencia económica conforme los requerimientos propios de la dignidad que su ministerio le imponen, debiendo ser la compensación suficiente para cubrir las necesidades de él y su grupo familiar directo sin que sea necesario para ello recurrir a ingresos adicionales”.

Teniendo en cuenta estos aspectos y tras recibir los informes sobre la situación del Poder Judicial en la República del Paraguay, “instamos a las autoridades de ese país que consideren la problemática planteada por la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay en su lucha por la dignificación salarial, gestionen en lo posible y como prioridad el reajuste de sus emolumentos, los que han estado paralizados durante el tiempo que se indica en el citado informe”, manifiesta la FLAM en el pronunciamiento.

La Federación solicita que se respete la autarquía presupuestaria del Poder Judicial vigente actualmente en Paraguay, lo que ha sido resaltada por la FLAM en el congreso del organismo realizado en Mar del Plata, República Argentina.

La Federación también pide que se respete el consagrado derecho constitucional a la defensa, del cual debe gozar de manera irrestricta el magistrado o magistrada en caso de enjuiciamiento de oficio, y observó con beneplácito la media sanción de la modificación de la Ley 1.634/2000 aprobada por la Cámara de Senadores, que permitirá a la Corte Suprema de Justicia, previo concurso, confirmar en sus cargos a los operadores de justicia, siendo este proyecto presentado por las asociaciones vinculadas a la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay.

Cabe señalar que la FLAM es un organismo integrado por las asociaciones de jueces de 18 países y reconocido por la Organización de Estados Americanos (OEA).