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Corte Suprema de Justicia

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08 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CASO GRAMONT BERRES

Pleno de la Corte, con el procurador general

El pleno de la Corte Suprema de Justicia recibió este martes al procurador general de la República, abogado Roberto Moreno, quien planteó el tema relacionado a la estrategia jurídica a seguir con el objetivo de hacer frente a la demanda entablada contra el Estado paraguayo por la aseguradora italiana SACE, en los Estados Unidos. La Corte entregó al funcionario numerosas resoluciones dictadas en relación a las deudas contraídas por Gustavo Gramont Berres en nombre del gobierno paraguayo en el extranjero.

Según informó el procurador Roberto Moreno, la reunión se realizó a iniciativa del presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Antonio Fretes, quien participó ayer de la Cumbre de Poderes en la Presidencia de la República, donde fue analizada la demanda promovida por la aseguradora italiana SACE contra el Estado paraguayo.

Se debatió sobre los argumentos que tiene a su favor nuestro país para rechazar las pretensiones de la contraparte.

El funcionario destacó la apertura y el apoyo de los ministros de la Corte Suprema de Justicia para hacer frente a la demanda de 80 millones de dólares en los Estados Unidos contra el Paraguay.  

“Nos dieron copias autenticadas de las sentencias que dictaron los tribunales paraguayos en el caso Gramont Berres, quien estuvo preso y cumplió una condena en Paraguay, confirmada por la Sala Penal de la Corte Suprema", expresó al término de la reunión, realizada en la Sala de Plenaria del Máximo Tribunal. Todos estos documentos serán expuestos como defensa ante el tribunal estadounidense, dijo.

También remarcó que hay una sentencia muy importante del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, donde justamente declara que todas las garantías que usó Gramont Berres para pedir los préstamos eran falsas y se dictaron en contra de la ley en Paraguay.

“Fue una reunión muy importante, muy cordial”, dijo Moreno, al recalcar que para el Gobierno paraguayo es una cuestión de Estado hacer frente a la demanda entablada por 80 millones de dólares contra nuestro país.

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