Recordemos que, en marzo del año pasado, el doctor Blanco elevó a la Corte Suprema de Justicia el resultado de un trabajo de investigación respecto de actuaciones formalizadas por abogados ante los juzgados de Paz de Areguá, Luque y Capital, relativas a juicios sustentados supuestamente en pagarés al portador.

En algunos juzgados existen más de 200 casos de embargos de salario y en ocasiones una misma persona soporta embargos en juzgados diferentes.

El trabajo de investigación fue realizado en forma conjunta por la Dirección de Auditoría Interna, Contaduría de los Tribunales y Auditoría de Gestión Jurisdiccional. En dichos juicios ejecutivos, sustentados supuestamente en pagarés al portador, las características preponderantes en todos y cada uno de ellos son:

El mismo deudor se caracteriza por ser docente al servicio del Ministerio de Educación y Cultura, con la particularidad de supuestamente haber emitido un pagaré que habría sido utilizado para distintas demandas mediante el ardid de retirar el documento original, previa certificación por el actuario en las fotocopias. Luego, el mismo pagaré resulta ser presentado en otro Juzgado de Paz para otro juicio, procedimiento que permitiría multiplicar embargos, agobiando al deudor por encima de su obligación real y por encima de su capacidad de pago. El otro procedimiento es la suscripción de varios pagarés de igual monto presentándose en distintos juzgados de Paz para su ejecución.

El informe indica que con los siguientes procedimientos “el fuero jurisdiccional no se habría determinado según la ley, sino según capricho del acreedor. Además, se ha evitado el pago de tasas judiciales sobre cuantiosas bases imponibles. Aparentemente, el sector más afectado por estas prácticas, que en principio aparecen como irregulares e inmorales, es un sector económico muy sensible de la población, el docente. Están en juego cuestiones tributarias, penales, disciplinarias y de protección a la moral pública, así como también derechos subjetivos públicos, de modo que los indicios graves, precisos e inconcordantes inducen a pensar que en el evento debieran tener intervención la Fiscalía General del Estado, la Subsecretaría de Estado de Tributación, la sección Tasas Judiciales del Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y la Defensoría General”.

Se aclara que el resultado de esta investigación que se inició en octubre de 2014 complementa la que actualmente está en curso de realización por las fiscalas Teresa Sosa y Lorena Ledesma, de modo que el escenario es mucho más amplio de lo que la opinión pública pueda imaginar.