En su intervención, Ricardo Merlo, fiscal general adjunto, manifestó que si bien existen leyes de más de doscientos años, hay un aggiornamiento en todo lo referente al acceso a la información pública por parte de diferentes países de Latinoamérica, y Paraguay está entre ellos. Esto plantea todo un desafío porque comienza a exigirse el cumplimiento de la ley y es allí donde empiezan los problemas con las negatorias.

Expresó también que aún existe mucho tema conceptual por definir al respecto. Sobre el punto amplió el alcance de la ley, de los conflictos entre algunos principios, como ser la intimidad, la seguridad nacional, el libre acceso a la información, de que lo público es público, entre otros; todo ello forma parte de temas que serán aún objeto de discusión. En este sentido el rol del Poder Judicial y del Ministerio Público es muy importante.

“Por ello tenemos unas guías muy importantes dentro del sistema interamericano, que son las sentencias, la Corte, las opiniones consultivas, que nos van marcando sendas o pautas que debemos acogerlas; además, hemos aceptado la competencia de la Corte como última instancia, y el no acogerlas o no tener presente al momento de la toma de decisiones, pueden acarrear serios inconvenientes como sanciones para nuestro país. De hecho es una responsabilidad muy grande que tienen los órganos del  Poder Judicial", concluyó.

José María Costa, director de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Corte Suprema de Justicia, mencionó durante su ponencia que anteriormente "estaba de moda pedir información, y estaba de moda negarla", en alusión al caso nacional Vargas Telles, ciudadano que presentó un pedido de informe sobre funcionarios a la Municipalidad de San Lorenzo. Ante la negativa, recurrió a la Corte Suprema de Justicia, que tardó cinco años en responder. El fallo de la Corte abrió una puerta y dio un puntapié para que la ciudadanía pueda conocer las nóminas de funcionarios del Estado.

Seguidamente, Agustina del Campo, directora del Centro de Estudios y Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) de Argentina, dijo: "Quién podía pedir acceso a la información pública fue muy discutido en Argentina". Hoy miércoles 28 se estaba promulgando la ley de acceso a la información pública, después de quince años de querer aprobarla en el Congreso, claramente marca un hito importante. 

Destacó a su vez la importancia del rol que ha tenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina en la interpretación e implementación del Decreto 1172 del año 2003, el cual era el único instrumento que se tenía hasta el momento además de la Convención Americana  de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte, pero a nivel nacional era el único instrumento con que se contaba y proveía acceso a la información en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional.

“La clave en todo esto es ver las políticas y prácticas de implementación, los problemas en este momento no estarían en el diseño de estándares sino más bien de cómo monitorear la implementación de acceso a la información pública, cómo lograr un cambio de cultura respecto a esta temática en particular”, alegó.

Guilherme Canela, consejero de Comunicación e Información de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), enfatizó que "el acceso a la información no puede ser solo una ley, debe ser una política pública". A su vez resaltó la relevancia del sistema de justicia relacionado a la garantía del derecho de acceso a la información pública.

“Debemos hacer hincapié en dos pilares; primero, que el sistema de justicia tiene que tomar buenas decisiones cuando el ciudadano llega al sistema de justicia para pedir acceso a la información; es por ello que el sistema de justicia debe garantizar el derecho de acceso a la información. Sin embargo, hay otra vertiente donde el propio sistema de justicia debe ser transparente, debe garantizar acceso sobre sus informaciones, ya sean financieras, presupuestarias y de otras índoles. Es por ello la relevancia que tiene el sistema de justicia, que tiene una doble función en esta materia", sintetizó.

De igual manera, el abogado Juan Pablo Olmedo hizo referencia al caso Claude Reyes vs. Chile, tema que fue expuesto mediante transmisión vía Skype.