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Corte Suprema de Justicia

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13 DE ENERO DE 2017

COMBATE AL CRIMEN ORGANIZADO

Convenio interinstitucional para combatir al narcotráfico y delitos conexos

En base a la Constitución Nacional, buscando la instauración de procedimientos seguros, claros y transparentes, comprobables y auditables, las instituciones involucradas en el combate a la producción y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y demás drogas peligrosas, lavado de dinero provenientes del narcotráfico y delitos conexos, firmaron un acuerdo de cooperación para tentar con más posibilidades de éxito el combate a este flagelo.

El convenio que busca mejorar la efectividad de los operativos en el combate de los referidos hechos punibles, fue firmado por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alicia Pucheta, el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), Hugo David Vera Quintana, el Fiscal General del Estado, Javier Díaz Verón, la presidenta de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), ingeniera Teresita Palacios y los apoderados de la Telefónica Celular del Paraguay S.A., Raúl Ibáñez Osnaghi y Carlos Díaz Rossi. El ministro Juan Carlos López Moreira, jefe del Gabinete Civil de la presidencia de la República también estuvo presente al igual que la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Miryam Peña, y los ministros Antonio Fretes, Gladys Bareiro de Módica, Luis María Benítez Riera y César Garay Zuccolillo.

El Poder Judicial se compromete a dictar y mantener actualizadas las acordadas de designación de los Juzgados competentes para entender en hechos punibles de producción y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y demás drogas peligrosas, lavado de dinero proveniente del narcotráfico, y delitos conexos.

La presidenta de la Corte, señaló que el acuerdo con las referidas instituciones y sobre todo lo relacionado a la participación de la justicia tiene el objetivo de brindar las garantías procesales necesarias a cualquier persona que pueda resultar afectada por una investigación sobre los mencionados hechos punibles.

El convenio se realiza en el marco de la cooperación y recíproco control que debe existir entre los poderes del Estado, según lo establece la propia Constitución Nacional. De hecho, el acuerdo fue previamente analizado por un equipo asesor integrado por las partes involucradas y obedece a un proceso previo que requirió un estudio pormenorizado del marco legal vigente y las necesidades operacionales del país a fin de brindar mayor seguridad a la ciudadanía.

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