El objetivo del taller fue contribuir a la formación de profesionales, capaces de intervenir en casos en los que estén involucrados los derechos fundamentales referentes a la libertad de expresión y el acceso a la información pública. El primer disertante fue el Dr. Rafael Valim, reconocido doctor en Derecho Administrativo del Brasil, quien manifestó que la ley de acceso a información pública en Brasil llevó varios años de debate.

“En la Constitución brasileña de 1988 ya existía el derecho a la información, pero recién en el año 2012 se aprobó una ley de acceso a la información pública. Es imposible pensar en un estado de derecho sin transparencia, y parte de ello es el acceso a la información pública. Si el poder emana del pueblo, el mismo debe saber cómo se están administrando los bienes del Estado”, puntualizó el profesional.

También aclaró que si bien en Brasil existe la ley de acceso a la información pública, aún hay una cultura del secretismo en el manejo de la información, que hay mucha resistencia aún. Cuando se solicita información pública incluso se puede acceder por internet. “En Brasil hay plazo de 20 días para proveer la información solicitada. Independientemente del pedido de informe de alguna persona, el Estado debe informar sobre su gestión”, afirmó.

La actividad fue organizada por la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia y el Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), con el auspicio del National Endowment for Democracy.


El caso de Chile

Por su parte, el chileno Dr. Tomás Vial Solar, doctor en Derecho y magíster en Derecho Público por la Universidad Católica de Chile, presentó la realidad de su país. Dijo que no hay en la Constitución de Chile un artículo explícito sobre derecho a la información.

“Pero desde el año 2009 tenemos una ley sobre este tema. La ley es de transparencia y acceso a la información, cuya aplicación es menos exigente para el Parlamento y el Poder Judicial, y más amplio para el Poder Ejecutivo.

“Mientras más información se ponga en el sitio web o en otros medios, menos carga de trabajo se tendrá, ya que se recibirán menos peticiones de informes. Cualquier persona o institución puede solicitar información, pero la ley indica que el órgano que brinda la información puede consultar sobre los intereses del solicitante. En algunos casos se rechaza el pedido de informe alegando la reserva de información”, afirmó el abogado.

También resaltó que existe un órgano fiscalizador que es el consejo de transparencia, integrado por cuatro miembros, propuestos por el presidente de la República con acuerdo del Senado.  Esta instancia puede establecer multas si se niega la información injustificadamente.

Finalmente señaló que cincuenta mil peticiones de informes se recibieron en cuatro años de gestión. Comentó que muchos casos fueron judicializados, pero de ellos el 80% dieron la razón a este consejo.