Durante la reunión, que es la primera de una serie de encuentros que se llevará adelante, se buscó socializar el mencionado proyecto de ley para que una vez que la legislación sea aprobada y sancionada no tropiece con inconvenientes jurídicos a la hora de su aplicación.

En ese sentido, se informó que la propuesta pretende, además de optimizar aquellas herramientas legales con que se cuentan, incorporar herramientas nuevas que ayuden en la investigación en la lucha contra el crimen organizado, tales como la vigilancia electrónica, la utilización de un civil en una operación encubierta -cuya tarea será exclusivamente obtener informaciones, no así evidencias ni pruebas- y el agente revelador, el arrepentido o colaborador de la justicia.

Los participantes de la reunión coincidieron en resaltar la importancia del proyecto, ya que representa un primer paso que facilitará enormemente la lucha contra crímenes tales como narcotráfico y trata de personas.

El juez Pedro Mayor Martínez valoró el proyecto pero indicó que aun es necesario analizarlo detenidamente en esferas del Poder Judicial para definir una posición clara al respecto. “Interesa al Poder Judicial que no haya fisuras normativas que puedan justamente hacer caer la normativa, y también interesa al Poder Judicial tener el tiempo suficiente para relevar no solo las normativas del derecho comparado que se pueda tener en este caso, sino también la doctrina comparada y los fallos judiciales en el sentido de la aplicación de las normas de otro país”, manifestó Mayor Martínez.

Por su parte, José Agustín Fernández sostuvo que la lucha contra el crimen organizado requiere de herramientas modernas y que por lo tanto el proyecto de ley es de vital importancia, ya que la ciudadanía exige respuestas claras contra la inseguridad y la impunidad. “Justamente en estos delitos de cuello blanco hay ostentaciones económicas que abofetean al pueblo. Definitivamente por eso creo que esta herramienta será sumamente útil, ya que involucra la lucha del Estado mancomunado contra el crimen organizado, pero también hay que tener en cuenta algo muy importante que son las garantías individuales. Por eso creemos que el proyecto requiere de un estudio minucioso y mancomunado en donde podamos sentar cada uno nuestras posiciones, y en todo esto el Poder Judicial es un elemento clave”, acotó el magistrado.

En tanto, el juez Carlos Ortiz Barrios coincidió en realizar un estudio pormenorizado del proyecto y lograr una legislación acorde y aplicable. Señaló que si bien en el 2002 se modificaron e incorporaron algunas herramientas nuevas a la legislación relacionada a la investigación y lucha contra las drogas, la misma aún carece de la totalidad de la posibilidad de investigación que brinda la tecnología actual, así como la normativa comparada y que es el punto al que se debe llegar.

“El crimen organizado es un tema muy álgido que debe ser tratado con la responsabilidad y la seriedad necesaria. Nosotros como Poder Judicial seguramente vamos a reunirnos con las comisiones que tenemos y con el encabezamiento del ministro Luis María Benítez Riera para finalmente asumir la posición que como Poder Judicial nos corresponde”, sentenció el juez Ortiz Barrios.

Cabe señalar que una herramienta similar fue incorporada en las legislaciones de Perú, Nicaragua y Guatemala.