La publicación menciona que si bien el programa de Facilitadores Judiciales empezó a implementarse en el país desde el 2008, surgió en Nicaragua en los años 90 y a partir del 2007, con apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), se empezó a extender en varios países de la región, buscando promover el acceso a la justicia de personas vulnerables y que viven alejadas de los centros urbanos, llegando así a nuestro país.

Sostiene que desde ese momento empezó a crecer en Paraguay, desarrollándose actualmente en 138 distritos de 15 departamentos, además de la capital, representando el 67% del país.

Al respecto, el director del Programa Nacional de Facilitadores Judiciales, doctor Rigoberto Zarza, sostiene que los voluntarios deben ser el nexo entre la comunidad y el Poder Judicial, a través del juez de Paz, al tiempo de explicar que el sistema permite trabajar más, en el sentido de que se llega prácticamente a toda la población y a menor costo, ya que al ser voluntarios evitan los cargos por gestiones en las fiscalías y juzgados de Paz, y los conflictos pueden ser solucionados mediante un acuerdo entre las partes.

En la publicación, el director del programa explicó que, actualmente, los principales ejes de lucha son la prevención del consumo de drogas y la Ley 1600 de Violencia Doméstica, sobre el acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad.

Sin embargo, en cuanto a la violencia doméstica, indicó que hechos de este tipo prácticamente no son denunciados por miedo, desconocimiento de los derechos y hasta desconfianza en el sistema judicial. “Al ser sus propios conocidos quienes asesoran a las víctimas, el sistema cobra mayor credibilidad. Las mujeres, en su mayoría del campo, deben conocer sus derechos, deben denunciar los casos de abuso y de violencia física y verbal. Si un facilitador tiene conocimiento de un caso, puede acercarse y lograr que la afectada realice la denuncia correspondiente”, indico Zaraza.

En otra parte de la publicación, el doctor Rigoberto Zarza se refirió al problema de las drogas y señaló que es sumamente importante que los estudiantes conozcan las consecuencias y secuelas que pueden dejar el caer en la adicción. “También en el caso de las drogas, en el cual los estudiantes que conozcan las consecuencias que puede tener el involucrarse en ese mundo, sabrá cómo reaccionar e incentivará a sus compañeros y amigos a evitar caer”, señaló.

Resaltó además que en aquellos lugares donde existen facilitadores judiciales la comunidad educativa tiene el doble de conocimiento de sus derechos, a diferencia de los lugares en los que no están presentes.

Los requisitos para formar parte del programa de facilitadores judiciales también fueron abordados por la publicación, sosteniendo para ello que los interesados deben ser mayores de edad y haber concluido la educación escolar básica.