Hammergren dijo que desde comienzos de la década de 1980 los gobiernos, los líderes judiciales, las organizaciones de la sociedad civil y una serie de agencias de ayuda externa se han comprometido a realizar esfuerzos regionales para reformar las instituciones del sector de la justicia en Latinoamérica.

“Basados con frecuencia en movimientos iniciados décadas atrás, sanciones dirigidas al problema del desempeño sectorial y a las formas en que puede mejorarse, han introducido cambios en el marco legal, la organización y los recursos presupuestales del sector en la mayor parte de los países; han generado un número creciente de programas de reforma que cuentan con ayuda externa, y han involucrado una serie de actores externos, regionales y nacionales en debates acerca del papel que deben jugar las entidades judiciales y otras entidades del sector (la Policía, el Ministerio Público, las asociaciones privadas, las sociedades de ayuda legal, etc.); se han producido asimismo cambios visibles en cuanto al número de entidades operativas de esta índole. En algunos casos han generado mejoras tangibles y han aumentado dramáticamente nuestro conocimiento de los factores atinentes y, por ende, de las restricciones que limitan el desempeño de la justicia. Es claro que si hubiéramos sabido, quince años atrás, lo que sabemos hoy en día, habríamos actuado de una manera un poco diferente o, al menos, habríamos llegado al punto donde nos encontramos ahora en menor tiempo”, dijo.

Agregó que una reforma judicial no es, por sus objetivos o por las dificultades que enfrenta, un problema exclusivo de América Latina. La rama judicial desempeña una serie de funciones vitales dentro de cualquier sistema político –la definición de los alcances de la ley, la solución de conflictos y el control social– y, cuando deja de ejercerlas de acuerdo con las necesidades y expectativas de los ciudadanos, genera una serie de consecuencias negativas a niveles social, político y económico.

Por ello, toda reforma judicial debe centrarse en fortalecer la gobernabilidad y la gestión, que son puntos clave de los cuales dependen los otros aspectos que se encaran en una reforma. “La gobernabilidad normalmente se centra en la Corte Suprema de Justicia, que pone las políticas de más alto nivel, mandando así instrucciones a su institución, pero también utiliza el análisis de información para hacer sus propias políticas”, expresó.

Por otro lado, indicó que la gestión requiere de una estructura fuerte e independiente de la rama judicial. “Si bien las cabezas de esta estructura de organización son nombradas por la Corte Suprema de Justicia, tienen autonomía para ejecutar labores de administración tradicional, como ejecutar el presupuesto de la institución y supervisar las funciones misionales y administrativas de la institución”.

Dijo que este organismo administrativo posee distintos nombres en varios países, pero la estructura es la misma. “Tienen un solo director que gestiona y nombra a su propio personal”, alegó. Puso como un ejemplo digno a seguir el caso de la justicia chilena.

De la jornada participaron los ministros de la Corte Suprema de Justicia Luis María Benítez Riera (vicepresidente 1º), Gladys Bareiro de Módica y José Raúl Torres Kirmser. El conversatorio se realizó en el marco del Programa de Democracia y Gobernabilidad de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), que es ejecutado en Paraguay por el Centro de Estudios Ambientales y Sociales, y fue transmitido en vivo y en directo por TV Justicia.