Los dos imputados por el delito de estafa y tráfico de influencias por intentar vender un fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia pasaron a guardar prisión domiciliaria por disposición del juez de Garantías, Gustavo Amarilla, quien dispuso la medida tras una audiencia desarrollada esta mañana.

Los afectados son el funcionario de la Dirección General de los Registros Públicos, Miguel Ángel Ramírez Paredes y el abogado Arístides Vera. Ambos, quienes hasta ayer guardaban prisión en la comisaría 11 metropolitana, son investigados por el fiscal anticorrupción Arnaldo Giuzzio, quien solicitó las medidas cautelares para los dos imputados.

Según la investigación, los dos citados fueron sorprendidos infraganti y grabados por una cámara oculta en el momento en que intentaban vender por 10 millones de guaraníes un fallo de la Corte Suprema de Justicia. En tanto, el tercer involucrado, el abogado Walter Isasi fue desvinculado de la causa.

Cabe resaltar que el viernes último, tras conocerse el hecho, la máxima instancia judicial, a través de la resolución Número 555 ordenó un sumario administrativo en contra de los ahora imputados y dispuso que el presente sumario se extienda igualmente a los funcionarios de la Secretaría Judicial I de la Corte Suprema de Justicia, que tuvieron a su cargo la concreción de los pasos procesales y administrativos correspondientes para tramitación de la Acción de Inconstitucionalidad planteada.

Como juez instructor fue designado el, Abogado Rafael Monzón, Superintendente General de Justicia.