En la comitiva que representa a la máxima instancia de nuestro país se encuentran, además, los magistrados Claudia Criscioni, Gloria Benítez y Gustavo Amarilla, así como la directora de Cooperación y Asistencia Judicial Internacional de la CSJ de Paraguay, abogada Mónica Paredes.

El objetivo principal de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que lleva por lema “Una justicia al día para garantizar la dignidad de las personas”, es adoptar proyectos y acciones comunes que contribuyan al fortalecimiento de los poderes judiciales de los países miembros y, por vía de consecuencia, al sistema democrático. La Cumbre Judicial Iberoamericana, a través de sus debates y acuerdos, promueve la mejora de la calidad de la justicia, la accesibilidad de los tribunales y el fortalecimiento de la confianza pública en las instituciones judiciales.

En el acto inaugural, Luis Abinader Corona, presidente constitucional de la República Dominicana, en su alocución celebró los avances tecnológicos de esta edición, como la realización de paneles simultáneos y una feria tecnológica. “La tecnología bien utilizada no deshumaniza la justicia, la potencia”. Dijo, además, sobre la necesidad de cooperación regional: “La fortaleza de nuestras democracias depende, en gran medida, de la fortaleza de nuestras justicias”, concluyó.

En ese contexto, el magistrado Henry Molina, secretario pro témpore de la XXII edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana y juez presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial de la República Dominicana, durante el uso de la palabra, enfatizó que “este encuentro representa un acto de compromiso colectivo con la justicia, la cooperación y los valores democráticos que compartimos como región. Esta edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana refleja el corazón de nuestra transformación institucional. Justicia al día para garantizar la dignidad de las personas. Se trata de una dirección clara que articula tres grandes ejes que orientan nuestras reflexiones: una justicia eficiente y oportuna, un acceso pleno para todas y todos, y una transparencia que fortalezca la legitimidad institucional”.

Expresó además, que durante estas jornadas de trabajo intenso y colaborativo se tendrá la oportunidad de compartir avances, identificar desafíos comunes y proyectar soluciones concretas. “No se trata solo de intercambiar experiencias, se trata de construir acuerdos, trazar rutas compartidas y dar pasos reales hacia una justicia más cercana, eficiente y digna para nuestras sociedades”, indicó.

Por su parte, el doctor Andrés Allamand, secretario general iberoamericano, valoró los avances alcanzados por la Cumbre Judicial Iberoamericana a lo largo de más de dos décadas, destacando instrumentos como el Estatuto del Juez Iberoamericano, las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia y el Código Iberoamericano de Ética Judicial.

Al abordar la necesidad de acercar el poder judicial a la ciudadanía, sostuvo que “la gente siente que el gobierno, el Congreso y el poder judicial están lejos”, por lo que resulta esencial mejorar la comprensión pública de las resoluciones judiciales.

La ministra Elena Martínez Rosso, secretaria permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana y ministra de la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial de Uruguay, destacó que esta edición representa un hito por la inclusión de comisiones temáticas clave como género, tecnología, ética judicial y justicia medioambiental, y subrayó el valor de los vínculos personales que se cultivan en estas instancias, así como la importancia del intercambio directo de experiencias entre países.

Cabe recalcar que la presente edición XXII, bajo el lema “Una justicia al día para garantizar la dignidad de las personas”, se encuentra abordando tres ejes: Eje 1 Justicia Oportuna, Eje 2 Justicia Inclusiva y Eje 3 Justicia Confiable.

La Cumbre Judicial Iberoamericana es una organización que concentra los poderes judiciales de los veintitrés (23) países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, aglutinando en un solo foro a las máximas instancias y órganos jurisdiccionales y de gobierno de los sistemas judiciales iberoamericanos.

Los países que conforman la Cumbre Judicial Iberoamericana son: Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

PRESENCIA DEL PODER JUDICIAL DE PARAGUAY EN LAS JORNADAS DE LA XXII CJI

De la vigesimosegunda Cumbre Judicial participan, de manera presencial, en las Comisiones Permanentes, el titular de la CSJ, doctor César M. Diesel Junghanns, miembro de la Comisión de Justicia Medioambiental; el doctor Luis María Benítez Riera, miembro de la Comisión de Coordinación y Seguimiento; y el doctor Alberto Martínez Simón, miembro de la Comisión de Calidad para la Justicia (CICAJ).

En esta oportunidad, la Corte Suprema de Justicia de Paraguay asumió el desafío de acompañar en los grupos de trabajo de los ejes 1 y 2. Para ello, designó a los representantes para el análisis y seguimiento de los proyectos a ser presentados ante la Asamblea Plenaria de la CJI de la presente edición.

En el Eje 1, Justicia Oportuna, en el Grupo de Trabajo 2, coordinado por Paraguay, fueron designados, en representación de la CSJ, el doctor Benítez Riera; la directora de Cooperación y Asistencia Judicial Internacional, abogada Mónica Carolina Paredes; y los magistrados Claudia Criscioni y Gustavo Amarilla. Este grupo presentará un proyecto sobre la gestión penal para delitos de alta complejidad. Se ha elaborado un diagnóstico iberoamericano sobre la gestión penal de casos de criminalidad compleja y una Guía Iberoamericana para la Gestión de Causas de Criminalidad Compleja, que contará con un catálogo de buenas prácticas que abarca todas las fases del procedimiento, desde la organización material de la causa hasta su enjuiciamiento.

Mientras que, dentro del Eje 2, Justicia Inclusiva, fue designada la magistrada Gloria Elizabeth Benítez, miembro del Tribunal de la Niñez y la Adolescencia, para integrar el Grupo de Trabajo 3, coordinado por República Dominicana y Puerto Rico. Este grupo presentará un proyecto sobre “Perspectiva de Género e Interseccional en el Servicio Judicial como Garantía para la Reducción de Barreras en el Acceso a la Justicia”. Se ha elaborado una guía sobre perspectiva de género e interseccionalidad en el servicio judicial, que comprende los colectivos de personas migrantes y desplazadas forzadas, personas con discapacidad, personas mayores, colectivos étnicos y niños, niñas y adolescentes.