10 DE JUNIO DE 2025
PARA GARANTIZAR UN SISTEMA PENAL MÁS EFICIENTE Y RESPETUOSO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
Ministros Llanes y Benítez Riera participaron en la firma de convenio interinstitucional para aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad
En el marco del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (PAcCTO 2.0) de la Unión Europea, este martes 10 de junio se firmó el convenio para la conformación del Comité Técnico Interinstitucional (CTI) para la Aplicación de Medidas Alternativas a la Privación de Libertad en la República del Paraguay. En representación de la Corte Suprema de Justicia estuvieron presentes la vicepresidenta primera, ministra doctora Carolina Llanes, y el ministro doctor Luis María Benítez Riera, ambos integrantes de la Sala Penal. Asimismo, asistieron la coordinadora de la Oficina Técnica Penal, doctora Silvana Luraghi, y la directora de Cooperación y Asistencia Judicial, abogada Mónica Paredes. El CTI está conformado por representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, la Defensa Pública y la Policía Nacional.
Firmaron el documento la ministra doctora María Carolina Llanes; el fiscal general del Estado, doctor Emiliano Rolón Fernández; el defensor general, doctor Javier de Jesús Esquivel; el ministro de Justicia, abogado Rodrigo Nicora; y el comandante de la Policía Nacional, comisario general Carlos Benítez. En calidad de testigos de honor suscribieron el ministro doctor Luis María Benítez Riera y el embajador de la Unión Europea en Paraguay, Javier García de Viedma.
El convenio tiene como objetivo principal evaluar las medidas existentes, identificar oportunidades de mejora y avanzar en la implementación de alternativas a la privación de libertad que aseguren un sistema penal más eficiente y respetuoso de los derechos fundamentales.
Durante el acto, la ministra Llanes destacó que con la firma se formaliza una práctica conjunta que ya vienen desarrollando los operadores del sistema penal, en cumplimiento del artículo 19 de la Constitución Nacional y del Código Procesal Penal, que establece la libertad durante el proceso como regla y la privación como excepción.
Asimismo, señaló que las instituciones involucradas trabajan en planes orientados a reducir el hacinamiento en los centros penitenciarios mediante soluciones alternativas al proceso penal o a las medidas cautelares.
Por su parte, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, advirtió sobre el crecimiento sostenido de la población penitenciaria, señalando que esta situación representa un límite del sistema actual. En ese sentido, remarcó el compromiso institucional asumido con el convenio, orientado a transformar el enfoque hacia un modelo más inteligente, humano y eficaz, basado en evidencia, cambio cultural, implementación progresiva y reformas a largo plazo.
“Buscamos una justicia que no solo castigue, sino que también rehabilite y contribuya a construir una sociedad más segura para todos”, concluyó.