Esta iniciativa se enmarca en la misión institucional de garantizar el acceso efectivo a la justicia y el debido proceso, especialmente para personas y colectivos en situación de vulnerabilidad. En ese sentido, responde a los lineamientos del Plan Estratégico Institucional, que promueve una defensa pública más técnica, estratégica y basada en evidencia empírica.

Durante la presentación se destacaron los principales resultados alcanzados, entre ellos el análisis de resoluciones judiciales, pedidos de libertad y casos vinculados a prisión preventiva, así como la conformación de mesas técnicas por fuero, integradas por defensores y defensoras públicas que participan de manera voluntaria en el estudio de casos complejos y en la elaboración de propuestas de intervención estratégica.

Asimismo, se resaltó la realización de jornadas de análisis de casos reales y actividades de formación aplicada, orientadas a fortalecer las capacidades técnicas de la defensa pública y a promover el intercambio de experiencias entre operadores del sistema de justicia, con especial atención a problemáticas estructurales como la discapacidad psicosocial, la niñez y adolescencia, los pueblos indígenas y la situación de las personas privadas de libertad.

De cara al próximo periodo, la Dirección de Derechos Humanos proyecta consolidar estos avances mediante el desarrollo de registros digitales de casos relevantes, instrumentos de intervención estratégica y protocolos de planificación y colaboración institucional, con el objetivo de fortalecer de manera sostenida la protección efectiva de los derechos humanos a través de una defensa pública más sólida y comprometida.