La Corte Suprema de Justicia llevó adelante la incorporación de nuevas unidades vehiculares institucionales con el objetivo de sustituir vehículos que contaban con varios años de uso, elevado kilometraje y crecientes requerimientos de mantenimiento, lo que impactaba en la operatividad y en los estándares de seguridad necesarios para el servicio.

Las unidades incorporadas integran el patrimonio del Poder Judicial y están destinadas al cumplimiento de funciones institucionales, vinculadas a actividades jurisdiccionales y de gestión institucional, conforme a las necesidades operativas propias del funcionamiento del sistema judicial en todo el territorio nacional.

La asignación de los vehículos responde a criterios funcionales y operativos, y no configura beneficios personales para magistrados ni funcionarios. Su utilización, reasignación o no utilización se encuentra sujeta a las disposiciones internas vigentes sobre administración, control y uso de bienes públicos.

El proceso de adquisición se desarrolló conforme a los procedimientos administrativos establecidos por la normativa de contrataciones públicas, mediante los mecanismos de selección previstos y bajo las instancias de control correspondientes, priorizando criterios técnicos, de seguridad, confiabilidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos.