La medida tiene por finalidad orientar la utilización de estas herramientas en el ámbito judicial, estableciendo criterios de carácter ético, responsable y transparente para su aplicación por parte de magistrados y funcionarios.

En ese marco, se dispone que su implementación se realice como apoyo a la labor de los operadores judiciales, sin sustituir la intervención humana en los procesos de toma de decisiones.

Igualmente, se establece que su uso deberá adecuarse a la Constitución de la República, así como a los tratados internacionales y demás normas vigentes aplicables.

La política alcanza a los distintos órganos jurisdiccionales, circunscripciones judiciales y dependencias administrativas, en actividades vinculadas a la gestión de información y procesos asistidos.

Asimismo, incorpora criterios vinculados a la transparencia en su utilización, considerando aspectos relacionados con su funcionamiento, alcances y limitaciones.

En ese sentido, se prevé la obligación de informar sobre su implementación y uso, especialmente en aquellos casos en que su aplicación pudiera incidir en derechos o garantías.

La elaboración de esta política contó con cooperación técnica en el marco de la Carta Acuerdo suscrita entre la Corte Suprema de Justicia y la Oficina Regional de UNESCO en Montevideo, de fecha 5 de diciembre de 2024, con la participación del consultor internacional Juan David Gutiérrez.

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