En este contexto, acompañaron al ministro Ríos, el abogado Gerardo Morales, titular de la Dirección de Derecho Ambiental; el doctor Roque Orrego, presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) Paraguay; y el evento fue moderado por el doctor Juan Martens, director de INECIP y del diplomado.

El ministro Ríos realizó una reflexión sobre la trascendencia del derecho penal ambiental desde la perspectiva institucional y su vinculación con la unidad especializada en materia ambiental de la Corte Suprema de Justicia.

En este marco, ponderó la importancia de la tutela efectiva de los derechos ambientales, señalando que sin bases naturales no existe la posibilidad de disfrutar otros derechos. Indicó que el ambiente es la base de la vida y, por ende, de todos los derechos; sin vida, no hay derechos. Añadió que la economía del conocimiento no reemplaza la importancia de los recursos naturales, que hoy son más decisivos que nunca para el desarrollo, aunque su explotación beneficia principalmente a los países con economías avanzadas.

También señaló que en Paraguay se enfrenta una falta de datos y de políticas claras en materia ambiental y judicial, por lo que resulta necesario definir estrategias efectivas y basadas en evidencia para la protección ambiental y la administración de justicia.

Al concluir su intervención, enfatizó que: “Debemos reflexionar sobre si la política criminal ambiental actual es adecuada, considerando la alarmante pérdida de bosques y la ineficacia de las reforestaciones. Es fundamental discutir no solo los aspectos técnicos y jurídicos, sino también hacia dónde debe dirigirse el poder punitivo del Estado para proteger el medio ambiente. Además, debemos analizar cómo aplicar el principio de duda en materia ambiental y seguir generando datos y debates para mejorar la protección de nuestros recursos naturales”.

Posteriormente, el director Gerardo Morales destacó que este diplomado es una iniciativa que no solo representa un avance académico, sino también un compromiso institucional con la promoción del patrimonio natural.

Resaltó que la Unidad de Apoyo Técnico-Jurídico de Asistencia Jurisdiccional cumple un rol fundamental, agregando que “no solo asistimos a juzgados y tribunales mediante la elaboración de informes técnicos y científicos que sirven como elementos de convicción en procesos penales, sino que también trabajamos en la sistematización de datos para combatir la impunidad en hechos punibles ambientales”.

Asimismo, señaló la importancia de la especialización judicial ante el aumento de delitos ambientales y la baja tasa de sentencias, subrayando la necesidad de fortalecer las capacidades técnicas y científicas para una justicia ambiental efectiva.

En ese contexto, indicó que entre los años 2019 y 2024 se registraron 3.943 causas penales ambientales y más de 6.300 procesados. Especificó que estas cifras revelan que delitos como la violación e incumplimiento de medidas de mitigación siguen siendo los más frecuentes en las jurisdicciones judiciales, y que solo el 1 % corresponde a sentencias en hechos punibles ambientales.

Para concluir, expresó que espera que este curso impulse el aprendizaje y el compromiso con la protección del ambiente para las generaciones presentes y futuras.

Por su parte, el doctor Roque Orrego agradeció a la Corte Suprema de Justicia, al ministro Víctor Ríos por su apoyo, a la FCTA —que ha permitido concretar este curso— y a todos los que confían en INECIP tras treinta años de trabajo por una justicia democrática y ambiental, e instó a continuar construyendo una sociedad que respete la dignidad humana y el ambiente.

Más de 300 personas de las diferentes circunscripciones del país participaron de este curso educativo a distancia, de modalidad sincrónica, a través de la plataforma Zoom, el cual consta de seis módulos.

De esta jornada de apertura participaron además la doctora Silvana Luraghi, secretaria ejecutiva de la Oficina Técnica Penal (OTP) de la CSJ; la jueza María Celeste Jara, presidenta de la Asociación de Magistradas Judiciales de la República del Paraguay; el doctor Osvaldo González Ferreira, presidente de la Asociación de Jueces del Paraguay; la abogada Norma Zelaya, presidenta Asociación de Abogadas del Paraguay.

También estuvieron el doctor Augusto Salas Coronel, presidente Asociación de Agentes Fiscales; el abogado Víctor González Bedoya, director de Asuntos Jurídicos del MADES, en Representación del ministro ingeniero, Rolando Barros Barreto; representantes de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes (FCTA) de la Universidad Nacional de Pilar (UNP); así como magistrados, defensores, fiscales y funcionarios.