La actividad fue encabezada por la jueza, doctora Sandra Carolina Candia Brítez, y contó con el acompañamiento del fiscal de la Niñez, abogado Gabriel Rolón, y del defensor público del fuero especializado, abogado Miguel Adolfo Ramírez.

Durante el encuentro se desarrollaron charlas formativas sobre los derechos fundamentales establecidos en el Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley N.º 1680/01), con énfasis en la protección integral, la educación, el desarrollo armónico, el derecho a ser escuchados y el derecho a un ambiente sano y saludable.

Como parte de la jornada, se realizó una actividad práctica de plantación de árboles frutales con la participación de estudiantes y miembros de la comunidad educativa. La propuesta tuvo como objetivo vincular la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes con el cuidado y la preservación del entorno natural.

La magistrada Sandra Candia resaltó la importancia de relacionar la arborización con el aprendizaje sobre los derechos, como una forma de representar el cuidado y el desarrollo. “Al igual que un árbol requiere tierra fértil, agua y protección para crecer fuerte, los niños y adolescentes necesitan un entorno seguro y afectivo que respalde sus derechos para alcanzar un pleno desarrollo”, aseveró.

Asimismo, las autoridades judiciales destacaron el marco constitucional y legal que reconoce a las futuras generaciones el derecho a habitar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, promoviendo desde temprana edad el compromiso y la responsabilidad en el cuidado del ambiente.

Cooperación Interinstitucional

La participación conjunta de autoridades del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensa Pública permitió brindar, mediante dinámicas participativas, una visión integral sobre el funcionamiento del sistema de protección de la niñez en la Circunscripción Judicial de Alto Paraguay. Asimismo, se explicó el rol de cada institución y los canales disponibles para solicitar asistencia o denunciar posibles vulneraciones de derechos.

Esta iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por la Corte Suprema de Justicia para descentralizar los servicios judiciales y promover una justicia cercana y participativa, con enfoque de derechos humanos y especial atención a las necesidades de niños, niñas y adolescentes de las comunidades más alejadas del país.