Durante la entrevista, la ministra Carolina Llanes señaló que la libertad de expresión goza de una protección constitucional especialmente amplia y que su ejercicio debe coexistir con otros derechos igualmente reconocidos por el ordenamiento jurídico. Indicó que el hecho de que una expresión resulte crítica, incómoda o incluso severa no justifica por sí mismo una restricción a la libertad de expresión y que, ante eventuales abusos, las responsabilidades deben determinarse conforme a la ley, mediante el debido proceso y con todas las garantías.

Asimismo, destacó la importancia de diferenciar la opinión o la crítica de la afirmación de hechos. En ese contexto, recordó que frente a la difusión de información falsa, distorsionada o ambigua existen mecanismos de rectificación o aclaración, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran corresponder conforme a la ley.

Al referirse a la desinformación, la ministra sostuvo que esta puede perjudicar la calidad del debate público y dificultar que la ciudadanía comprenda adecuadamente los hechos, forme libremente su opinión y ejerza efectivamente sus derechos. En ese marco, remarcó el papel fundamental de los medios de comunicación como fuentes de información y actores del escrutinio de los poderes públicos.

Señaló que enfrentar la desinformación no debe significar censurar, controlar contenidos ni restringir la libertad de expresión o de prensa. A su criterio, las instituciones públicas deben fortalecer la transparencia y desarrollar capacidades de monitoreo, verificación, análisis y contextualización del entorno informativo, a fin de ofrecer datos confiables y oportunos, facilitar el acceso a las fuentes y aclarar hechos cuando corresponda.

En ese sentido, afirmó que “no toda crítica, opinión adversa, enfoque periodístico o error constituye desinformación” y sostuvo que la respuesta frente a este fenómeno debe centrarse en mayor transparencia, acceso a fuentes confiables y mejor información pública.

La ministra explicó además que su reflexión responde a una preocupación que viene planteando desde hace tiempo, vinculada tanto al tratamiento de determinados asuntos relacionados con la administración de justicia como a los desafíos propios del nuevo ecosistema informativo, caracterizado por la velocidad de circulación, la fragmentación de los contenidos y la multiplicación de fuentes y plataformas.

Sobre este punto, indicó que informaciones parciales, inexactas o carentes del contexto necesario pueden contribuir a generar percepciones equivocadas o distorsionar el debate público sobre asuntos sometidos a decisión judicial. Al mismo tiempo, subrayó que el escrutinio de la prensa, la investigación periodística y la crítica a la actuación de los jueces son plenamente legítimos y forman parte de una sociedad democrática.

La doctora Llanes reafirmó que la independencia judicial exige que ningún magistrado sea condicionado por intereses o presiones externas y que las decisiones jurisdiccionales deben adoptarse conforme a la Constitución, la ley y los elementos propios de cada causa.

Incorporó también una reflexión sobre la responsabilidad de las propias instituciones públicas. Señaló que, cuando la información no se comunica con suficiente claridad, oportunidad o contexto, pueden generarse vacíos que deben ser abordados mediante mayor transparencia y un mejor acceso a información confiable y comprensible.

Finalmente, precisó que su preocupación no está dirigida contra la prensa ni contra la crítica, sino a favor de una información responsable, un debate público de calidad y una justicia independiente.

La entrevista completa puede consultarse en la publicación original de El Nacional, del 30 de agosto de 2026. Leer la entrevista completa en El Nacional.