La delegación institucional estuvo integrada además por la directora general de Capital Humano, licenciada Rosa Szaran; el director general de Planificación y Desarrollo, abogado Juan José Martínez; y el director general de Administración y Finanzas, licenciado Mirko Duré. También participaron la directora financiera, doctora Luz Antúnez Ortiz y el director de Presupuesto, señor Carlos Benítez Riveros. 

El titular de la máxima instancia judicial explicó que la propuesta, remitida formalmente al Congreso Nacional el 1 de septiembre de 2026, se encuentra vinculada a los objetivos del Plan Estratégico Institucional 2026-2030. Durante su intervención, señaló que el monto proyectado representa una variación del 19 % respecto del presupuesto vigente al 31 de agosto de 2026.

En relación con el marco constitucional, el presidente manifestó que el proyecto representa el 3,26 % del presupuesto vigente de la Administración Central e hizo referencia al artículo 249 de la Constitución Nacional.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia indicó que el 59 % de los recursos previstos se destinará a los servicios jurisdiccionales a nivel nacional y destacó como prioridad la reducción de la congestión judicial.

Para el ejercicio fiscal 2027 se estima el ingreso de 296.832 nuevas causas y se proyectan 310.212 resoluciones conclusivas, lo que representa una meta de resolución jurisdiccional del 105 %. Esta previsión contempla un volumen de resoluciones superior al de los nuevos ingresos estimados, con miras a contribuir progresivamente a la reducción de la congestión judicial.

En materia de capital humano, el proyecto contempla la creación de 941 cargos, de los cuales 782 se destinarían a la Administración de Justicia en distintas circunscripciones del país y 159 al fortalecimiento de dependencias de la administración central.

Durante su exposición, el doctor Martínez Simón hizo especial referencia a la situación remunerativa de los funcionarios judiciales y a la necesidad de contemplar medidas de actualización salarial, particularmente para quienes perciben menores ingresos. En ese contexto, señaló que los funcionarios judiciales no reciben un ajuste salarial desde hace quince años.

La propuesta incluye la reorganización de 195 categorías salariales en 19 niveles uniformes, medida que beneficiaría a 7.710 trabajadores. También prevé ajustes diferenciados del 20 %, 10 % y 5 % para 8.043 funcionarios, con mayores porcentajes destinados a las remuneraciones más bajas y sin incluir a los cargos superiores de la institución.

Asimismo, contempla la nivelación salarial de 3.654 trabajadores de áreas como ujieres notificadores, dactilógrafos y oficiales de secretaría, además de la actualización de asignaciones correspondientes a 882 actuarios judiciales y 329 secretarios de Juzgados de Paz, conforme a las disposiciones legales aplicables.

El proyecto prevé igualmente la regularización presupuestaria de 286 trabajadores contratados con más de cuatro años de antigüedad, mediante la modificación de su vínculo presupuestario a personal permanente. Esta medida corresponde a personas que ya prestan servicios en la institución y es distinta de la creación de los 941 cargos proyectados para el próximo ejercicio fiscal.

En el ámbito tecnológico, el presidente explicó que el Registro Unificado Nacional (RUN) proyecta atender aproximadamente 1,8 millones de trámites durante 2027, con una meta global de resolución del 103 %. Para acompañar estas previsiones, se contemplan recursos destinados a digitalización documental, sistemas de alta disponibilidad y ciberseguridad.

También se refirió a la modernización de los servicios registrales mediante herramientas digitales, entre ellas el certificado registral catastral único digital, orientadas a facilitar el acceso remoto a la documentación y mejorar la gestión de los registros.

Respecto de la infraestructura física, señaló que la propuesta contempla la continuidad de obras en ejecución y nuevos proyectos judiciales en distintas localidades del país, entre ellas San Lorenzo, J. Eulogio Estigarribia, Villa Hayes y San Estanislao.

En cuanto a las fuentes de financiamiento, precisó que el 72 % de los recursos proyectados provendrá del Tesoro y el 28 % corresponderá a ingresos institucionales generados por tasas judiciales y registrales.

Al concluir su presentación, el presidente de la Corte Suprema de Justicia expresó la disposición institucional de ampliar los detalles del proyecto durante el proceso de análisis legislativo. Posteriormente, respondió consultas formuladas por los integrantes de la Comisión Bicameral de Presupuesto.