En la mañana de este lunes, el juez Tadeo Zarratea concurrió hasta el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para ponerse a disposición, tras la denuncia de mal desempeño en sus funcione presentada por la Procuraduría General del Estado.

Dicha denuncia fue planteada luego de que el magistrado haya firmado una resolución por la cual embargó los bienes de la Cancillería nacional por la suma de 400 mil dólares, monto reclamado como indemnización por el ex diplomático Víctor Hugo Peña.

Además de sostener que actuó como corresponde en derecho, dijo que espera que le oportunidad para defender su postura.

“Me he enterado por la prensa que los procuradores de la República me han denunciado por mal desempeño y por eso me puse a disposición del Jurado. Doy un breve informe sobre el origen de la cuestión y espero me den la oportunidad de la defensa, siempre es importante que exista un proceso antes de una sentencia”, señaló el magistrado durante una entrevista concedida a los periodistas acreditados en el Poder Judicial.

Sostuvo que lo actuado se adecua a derecho, ya que. Según dijo, la Ley 1493 no se aplica en el fuero laboral porque son créditos privilegiados y de trabajadores, y no productos de las especulaciones financieras, ni del comercio, ni de entidades empresariales.

“Hay tantos y tantos trabajadores del Estado que hoy en día están con sentencias condenatorias en mano y no pueden cobrar al Estado por años porque no funciona esta cuestión de esperar que se ponga en el presupuesto general para poder cobrar el trabajador, por eso es que las Cámaras de Apelación del Trabajo han decidido cambiar la jurisprudencia en ese sentido, y han decidido que esta Ley no debe aplicarse en al ámbito laboral” indicó, el magistrado.

Agregó que existen jurisprudencias al respecto y que por lo tanto actúo conforme a derecho. “Tengo algunas resoluciones anteriores por las cuales he denegado el embargo, pero la Cámara me ha revocado diciéndome que tengo que embargar porque el crédito es laboral y es privilegiado” sostuvo, Zarratea.

Reconoció que con la denuncia corre el riesgo de quedarse fuera del cargo, pero que se jugará por la resolución adoptada. “Yo creo que el Estado no debe actuar de esta forma, creo que tiene que ponerse en pie de igualdad con el ciudadano y cuando es demandado por dinero tiene que ser condenado y pagar su cuenta como cualquier vecino. El Estado en su rol de persona jurídica en derecho civil no tiene porque tener privilegios frente a los ciudadanos” concluyó, el juez Zarratea.