El Tribunal de Sentencia conformado por los magistrados Fabián Weinsensee, Juan Pablo Mendoza y Laura Ocampo, en el marco del juicio “C. M. M. s/ Lesión Grave”, dictó una pena privativa de libertad de 15 años, más 10 años como medida de seguridad.
El titular de la máxima instancia judicial, doctor Alberto Martínez Simón, en fecha 13 de agosto de 2020 emitió una Resolución por la cual suspende las actividades judiciales del Palacio de Justicia de la Ciudad de Pedro Juan Caballero el día 14 de agosto de 2020.
El director de Presupuesto de la Corte Suprema de Justicia, licenciado Carlos Benítez, explicó que la tarea de administrar los recursos institucionales apunta a una mejor redistribución de los gastos que requiere el sistema de justicia para garantizar un mejor servicio al ciudadano. Dijo que el objetivo para el año 2021 es fortalecer el expediente electrónico en virtud de sus múltiples beneficios.
El Juzgado de Ejecución Penal de Villa Hayes, a cargo de la jueza Rosana Rojas, remitió al Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes un informe detallado sobre las actuaciones de justicia y sus funciones cumplidas.
El webinario sobre expediente electrónico desde el rol del litigante civil se llevará a cabo mañana, viernes 14 de agosto, de 18:00 a 20:00, con acceso libre y gratuito. Las ponencias estarán a cargo de Víctor Lorenzo Benítez y Marcos C. Villamayor Huerta, capacitadores del Centro Internacional de Estudios Judiciales (CIEJ).
La Corte Suprema de Justicia, en fecha 12 de agosto de 2020, emitió la Acordada N° 1428 que se reproduce íntegramente a continuación:
La Corte Suprema de Justicia, a través de su Presidente, el Dr. Alberto Martínez Simón, da a conocer los datos estadísticos, correspondientes al mes de Julio del 2020, sobre la producción de resoluciones judiciales a nivel País.
En Sesión Plenaria de fecha 12 de agosto del corriente año el Pleno de la Corte Suprema de Justicia resolvió lo siguiente:
La Corte Suprema de Justicia aprobó hoy el proyecto de presupuesto que será remitido al Congreso Nacional para su estudio y aprobación. La propuesta fue estructurada sobre una base de G. 1.477.980.150.782. El objetivo es continuar con la política de reducción y control de la calidad de gasto público, sin aumentar salarios, priorizando la inversión en los temas que son fundamentales para garantizar la seguridad jurídica del ciudadano.