La Corte Suprema de Justicia, posterior al informe que proveyó el secretario de la Sala Constitucional, abogado Fabián Escobar Díaz sobre la supuesta tramitación de la Acción de Inconstitucionalidad planteada en el Juicio: “Julio Rojas del Valle c/ José María Montanía s/ Acción Ejecutiva” en la que se pretendió cobrar la suma de 10 millones de guaraníes resolvió ampliar el sumario administrativo abierto e incluyó al funcionario abogado Rolando Duarte Martínez considerando que podría tener relación con los hechos ocurridos en la tarde del 27 de noviembre, en el procedimiento llevado a cabo por la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público.
A raíz de la publicación del diario ABC Color afirmando que el Poder Judicial no cuenta con documentos respaldatorios que justifiquen el destino de más de 8.000 mil millones de guaraníes en el Registro del Automotor (RUA), el director general de Administración y Finanzas del Poder Judicial y la directora del RUA aclararon que en 1998 se había firmado un convenio con las Naciones Unidas para el manejo de los fondos de la mencionada repartición, y que éste año culminó el proyecto y que los documentos original obran en dependencias de la mencionada organización internacional.
La Corte Suprema de Justicia a través de la Superintendencia General inició una investigación del funcionamiento del sistema informático de la institución a raíz de una publicación que señala que el mismo es “totalmente vulnerable”. Se dejó en claro que el portal oficial del Poder Judicial que contiene informaciones para la ciudadanía no es el dominio “csj.gov.py”.
El juez de Garantías, Gustavo Amarilla dispuso arresto domiciliario para los dos imputados por el delito de estafa y tráfico de influencias al intentar supuestamente vender un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Los afectados por la medida son Miguel Ángel Ramírez, funcionario judicial y el abogado Arístides Vera. La audiencia se realizó esta mañana.
La Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia ordenó la inmediata instrucción del sumario a Miguel Angel Paredes funcionario de la Dirección General de los Registros Públicos, al igual que a los abogados Arístides Báez Vera y Walter Marcelino Isasi Cortaza, involucrados en el cobro irregular de la suma de 10 millones de guaraníes por la supuesta tramitación de la Acción de Inconstitucionalidad planteada en el Juicio: “Julio Rojas del Valle c/ José María Montanía s/ Acción Ejecutiva”, monto que supuestamente fue exigido en nombre de un ministro, según publicaciones periodisticas. La sala constitucional está integrada por los doctores Victor Manuel Núñez (presidente), Antonio Fretes y José V. Altamirano. Igualmente, el sumario afecta a los funcionarios de la Secretaria Judicial I de la institución que han tenido a su cargo la concreción de los pasos procesales y administrativos correspondientes para la tramitación de dicha acción.
“El Segundo Encuentro Nacional de Jueces Civiles de la República del Paraguay”, se llevará a cabo mañana en la ciudad de San Bernardino, con el objetivo de socializar los avances de los planes pilotos implementados en dichos juzgados de Asunción” en el marco del proceso de “Mejoramiento de la Justicia Civil. El encuentro fue declarado de interés institucional por la Corte Suprema de Justicia.
En un acto realizado ayer, en el local de la Cámara de Comercio Paraguaya Americana, los jueces y juzgados del fuero Laboral y de la Niñez y Adolescencia fueron premiados y reconocidos por la sociedad civil teniendo en cuenta la eficacia de sus trabajos. Los resultados arrojados por el grupo de expertos y el jurado, que evaluaron a los candidatos, premiaron a la abogada Alba Méndez de Bourgemini, jueza del tercer turno Laboral y María Eugenia Giménez de Allen, jueza del segundo turno de la Niñez y Adolescencia. El acto contó con la presencia de Marta Ferrara directora de la organización Semillas para la Democracia, Esteban Kriskovich director de la Oficina de Ética Judicial, Angel Cohene presidente de la Asociación de Magistrados entre otros.
Estudiantes de los Colegios Wilson Jofre, Eleodoro, Santa Felicidade y la Universidad Unioeste de la ciudad de Cascabel, Brasil, visitaron hoy el Palacio de Justicia. En la ocasión, dialogaron con el doctor Pedro mayor Martínez, juez Penal de Garantías, quien les explicó brevemente el funcionamiento de la justicia en Paraguay. Finalmente, se trasladaron a la sala de juicios orales y al Museo de la Justicia en planta baja de la sede judicial.
El juez penal de Garantías Hugo Sosa Pasmor resolvió que el ex gobernador de Presidente Hayes, Eugenio Escobar Cattebecke deberá afrontar juicio oral y público, por el desvío de dos mil millones de guaraníes. Esto se dio tras realizarse el pasado martes una audiencia preliminar donde el magistrado rechazó el pedido de la defensa de extinción de la causa.
