En ese sentido, la máxima instancia judicial dispone igualmente organizar a través de la Dirección de Políticas Lingüísticas Judiciales todo lo concerniente a la formación de ciudadanos que recurran a la administración de justicia y auxiliares de ella, así como la educación y la capacitación de los mismos según establece la Constitución Nacional y la Ley de Lenguas, además de otras normativas que fundamentan la aplicación del bilingüismo paraguayo.

Establece asimismo, el estilo y la modalidad de la formación, educación y capacitación de todos los agentes involucrados en la administración de justicia, como también a sus operadores y auxiliares de justicia, con competencia comunicativa oral y escrita, en ambas lenguas oficiales, de manera a dictar las resoluciones definitivas en castellano y en guaraní.

La acordada aprobada dispone igualmente la obligatoriedad de la bilinguización del Poder Judicial en todas las circunscripciones judiciales de la República, afectando a todos los funcionarios judiciales de rangos superiores e inferiores por jurisdicción y competencia, al igual que aquellos que forman parte de los organismos administrativos del Poder Judicial.

De esta manera a partir de la fecha se aprueba la implementación y el uso de la variante del Guaraní Paraguayo para la comunicación popular en el ámbito jurídico, tanto oral como escrita y los contenidos de su universo cultural, basados en fundamentos antropológicos, sicológicos, históricos, lingüísticos y jurídicos, así como la utilización de todos los materiales de apoyo, diccionarios, textos y trabajos de investigación lingüísticos y culturales, que publicare la Dirección de Políticas Lingüísticas Judiciales, a instancias de la Corte Suprema de Justicia.