El magistrado se constituyó el pasado 19, conjuntamente con agentes de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra los Derechos Humanos del Ministerio Público, de Criminalística de la Policía Nacional, así como del Equipo Nacional para la investigación, búsqueda e identificación de personas detenidas-desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente (ENABI), para la búsqueda de los presuntos restos de detenidos-desaparecidos, víctimas de la dictadura que imperara en el país de 1954 a 1989. Dichos restos estarían enterrados en la localidad de Aba'i, Departamento de Caazapá, en el predio de la Estancia Tapytâ.

Los hechos a los cuales se contrae dicha causa han sido juzgados bajo el Derecho Internacional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso “GOIBURÚ y OTROS Vs. PARAGUAY”, conforme sentencia del 22 de septiembre de 2006 proferida por dicho tribunal, y la jurisprudencia que ha dejado asentada respecto al país es que “el Estado debe proceder de inmediato a la búsqueda y localización [de las personas desaparecidas] y, si se encuentran sus restos, deberá entregarlos a la brevedad posible a sus familiares y cubrir los eventuales gastos de entierro […]” PUNTO 6, Resolutivo.

En este contexto jurídico nacional e internacional, la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia ha acompañado la apertura del proceso de búsqueda de los desaparecidos del caso, en apoyo a la labor jurisdiccional desarrollada a tal efecto por el Dr. Manuel Aguirre, por disposición de su directora, Abg. Nury Montiel Mallada.