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30 DE OCTUBRE DE 2017

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CAAGUAZÚ

Socializarán Protocolo para una Justicia Intercultural

La Dirección de Derechos Humanos, en coordinación con la Circunscripción Judicial de Caaguazú, llevará a cabo la socialización del Protocolo de Actuación para una Justicia Intercultural – Los pueblos indígenas. La actividad se llevará a cabo este 1 de noviembre en el Palacio de Justicia de Coronel Oviedo.

La Socialización del Protocolo para una Justicia Intercultural estará a cargo de la doctora Esther Prieto, experta consultora de la CSJ-DD.HH., y el equipo especializado de dicha dirección, y se halla dirigida a magistrados, jueces de Paz, relatores y operadores de justicia.

Esta actividad se desarrolla en el marco del Plan Estratégico Institucional (PEI) de la Corte Suprema de Justicia 2016-2020 y el Plan Institucional de DD.HH. La socialización, igualmente, es realizada en las diferentes circunscripciones judiciales, a fin de que los operadores de justicia puedan tener un enfoque intercultural en las actuaciones. 

El Protocolo, publicado en el año 2016 por la máxima instancia judicial, en convenio con el Programa Proindígena de la Cooperación Alemana de Desarrollo (GIZ), es una herramienta jurídica de acceso a la justicia, que acompaña a los jueces y demás operadores de la justicia para comprender y atender los casos con un enfoque de derecho y desde el abordaje de la diversidad cultural relativa a los pueblos indígenas del país. Puede descargarse del sitio web de la máxima instancia judicial: http://www.pj.gov.py/descargas/ID1-841_protocolo_de_actuacion.pdf 

En ese sentido, los derechos humanos de los pueblos indígenas son reconocidos en la Constitución de la República, los instrumentos internacionales de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad”, aprobados por la Cumbre Judicial Interamericana y ratificados por la Corte Suprema de Justicia por Acordada N° 633/2010.

A estos instrumentos se suma la jurisprudencia nacional e internacional, que abunda en precedentes y recomendaciones para la realización de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

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