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Corte Suprema de Justicia

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06 DE FEBRERO DE 2018

LOS EJES SERÁN EL COMBATE A LA MORA Y A LA CORRUPCIÓN

Ministro Torres Kirmser, nuevo presidente de la Corte Suprema

El ministro José Raúl Torres Kirmser, con casi cincuenta años de carrera judicial, fue electo en la mañana de este martes presidente de la Corte Suprema de Justicia. Entre tanto, en carácter de vicepresidentes, primero y segundo respectivamente, fueron electas las doctoras Alicia Pucheta y Miryam Peña. En conferencia de prensa, el nuevo titular del más alto tribunal de la República señaló que seguirá trabajando en el marco de lo establecido en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2020, enfatizando de manera especial la transparencia, lucha contra la corrupción y la mora judicial.

El nuevo Consejo de Superintendencia asumió funciones de manera inmediata y el doctor Raúl Torres Kirmser ya adelantó que priorizaran el combate a la mora judicial, con lo que, según dijo, la primera en ser auditada será la propia Corte Suprema de Justicia.

Los auditores ingresarán a las tres Salas de la máxima instancia judicial para relevar los datos y hacer el análisis correspondiente con las recomendaciones. El objetivo es que el más alto tribunal, en caso de haber resoluciones pendientes, se ponga lo antes posible al día con las mismas.

En conferencia de prensa, se presentó el presidente de la Corte Suprema saliente, el doctor Luis María Benítez Riera, acompañando a las nuevas autoridades.

Informó que los ministros de la Corte Suprema de Justicia, reunidos en sesión plenaria, designaron por unanimidad este martes como nuevo presidente de la máxima instancia judicial al doctor José Raúl Torres Kirmser para el periodo comprendido entre febrero de 2018 y febrero de 2019 y que fueron electas para acompañarlo en el Consejo de Superintendencia las ministras Alicia Pucheta y Miryam Peña.

Durante una breve conferencia de prensa, el doctor Torres Kirmser agradeció a sus colegas por la confianza depositada en su persona. Explicó que junto con sus nuevas vicepresidentas se constituyen en los magistrados más antiguos de la máxima instancia judicial, con más de 40 años de labor jurisdiccional.

Anunció que se seguirá ejecutando lo establecido por el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2020 y se dará prioridad a la transparencia, la lucha contra la corrupción y por sobre todo a la mora judicial. En ese sentido reiteró que las auditorías se iniciarán en las propias Salas de la Corte Suprema de Justicia.

Las Salas de la Corte Suprema de Justicia quedarán integradas de la siguiente forma:

SALA CONSTITUCIONAL

Miryam Peña (presidente de Sala)

Antonio Fretes

Gladys Bareiro de Módica

SALA CIVIL

Raúl Torres Kirmser (presidente de Sala)

Miguel Bajac

César Garay

SALA PENAL

Alicia Pucheta de Correa (presidente de Sala)

Luis María Benítez Riera

Sindulfo Blanco

 

Ejes estratégicos para el Gobierno Judicial Periodo 2018-2019

La Corte Suprema de Justicia desarrollará su accionar de gobierno judicial durante el año 2018 de conformidad con los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico del Poder Judicial 2016-2020. Dicho Plan sienta, de modo general, la Misión y la Visión institucionales, que se sintetizan en la administración oportuna de justicia, tutelando los derechos de las personas bajo premisas de accesibilidad, excelencia, eficiencia, igualdad y transparencia, y el resguardo de su autonomía y autarquía institucional, que son elementos imprescindibles a fin de lograr tal objetivo.

Con base en ello, en el curso del año hemos de priorizar ciertos ejes de acción, que se compendian en:

  1. La Independencia y cooperación, institucional y orgánica, para garantizar el Estado Social de Derecho.
  2. La Transparencia y Lucha contra la corrupción para promover un sistema judicial eficaz y accesible.
  3. La Modernización y eficiencia para combatir la mora judicial y avanzar hacia una mejor Justicia.

 

La Corte Suprema de Justicia siempre ha asumido su rol y compromiso en relación con los postulados constitucionales de la división de poderes, que se establece en el artículo 3° de la Constitución de la República, dado que la independencia, equilibrio, coordinación y recíproco control de los mismos es un requisito sine qua non de la labor de administrar justicia que le ha sido encomendada por la Carta Magna.

Al mismo tiempo, la Corte seguirá impulsando una relación cordial, respetuosa y cooperante con los demás poderes e instituciones del Estado, a sabiendas de que la interacción eficaz de todos ellos es un factor clave para la atención de los desafíos que plantea la consecución del bienestar general y el bien común.

La Corte ratifica también su absoluta voluntad en favor de la transparencia institucional y el combate contra todas las formas de corrupción, en cualquiera de los ámbitos de actuación que le competen, tanto jurisdiccionales como administrativos o registrales.

La lucha contra la corrupción está signada por ciertos factores que son ineludibles a la hora de hacer frente a dicho flagelo; en tal sentido, hemos de mantener nuestra política y acción para la transparencia, que comprenden el acceso a la información pública, la mejora en la generación de datos estadísticos, y la accesibilidad y fortalecimiento de los mecanismos de quejas, denuncias, auditoría y superintendencia, a fin de prevenir, identificar y combatir los actos de corrupción.

La Corte Suprema tiene el convencimiento de que la modernización en la gestión, tanto administrativa como jurisdiccional, constituye un factor crucial para lidiar contra la corrupción, ya que ello facilita la eficiencia en el desempeño de las labores y el control sobre su regularidad y eficacia.

El empleo oportuno y adecuado de la tecnología es un componente clave para la consecución de este objetivo. La ampliación y profundización del sistema de “expediente judicial electrónico” será uno de los soportes sustanciales para modernizar la administración de justicia, a fin de hacerla más rápida, eficiente y transparente.

Somos conscientes de que la innovación tecnológica y la modernización y mejoramiento del sistema implicarán un cambio de paradigma y la necesidad de adaptación a las nuevas metodologías. La Corte se propone acompañar y apuntalar el proceso de adaptación, tanto de su funcionariado como de las personas usuarias. En este menester, hemos de contar con el apoyo de todos los gremios y grupos involucrados en el funcionamiento de la administración de justicia.

En tal sentido, otro elemento que está dirigido a tal objetivo es la capacitación de su talento humano. Para lograr un Poder Judicial eficiente y funcional, es vital la capacitación permanente de los magistrados y funcionarios judiciales, su actualización en el uso de las nuevas tecnologías, en la gestión de despacho, en la economización y racionalización de recursos, así como el fomento y cultivo concreto de los valores éticos en el desempeño de las funciones.

Desde luego, todos estos propósitos están íntimamente ligados con el gran desafío que enfrenta el sistema judicial, de la lucha contra la mora judicial. Sabemos que el fenómeno de la mora judicial es complejo, y que sus causas son diversas e importan la interrelación de varios factores. Creemos que la adecuación y modernización tecnológica y funcional, la racionalización de los recursos, así como la capacitación orientada al cambio actitudinal hacia modos de actuación comprometidos con la eficiencia, a que ya nos hemos referido, son claves en el logro de este cometido.

La auditoría permanente de la acción jurisdiccional, que se ha venido implementando con resultados positivos, también seguirá siendo otra de las herramientas cuyo empleo apoyará al combate contra la mora judicial.

La Corte está empeñada en avanzar hacia una JUSTICIA DE CALIDAD para todas las personas, sin distinciones ni discriminaciones. En atención a esa meta, seguirán privilegiándose planes y programas de acceso a la justicia para toda la ciudadanía, inclusiva de las comunidades más distantes y de los grupos vulnerables.

Finalmente, cabe decir que la Corte Suprema de Justicia se adhiere al plan de Gobierno Abierto que, aplicado en conjunto con los demás poderes del Estado, implica un compromiso estatal con la eficiencia institucional y la participación ciudadana.

A tal fin se gestionará una relación cordial y colaborativa con los gremios de operadores del sistema judicial y con las organizaciones de la sociedad civil, todo ello en pos del logro de la justicia de calidad que nos proponemos brindar.

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