El doctor Camilo Torres destacó que durante la reunión se acordó solicitar formalmente al Ministerio de Justicia que en todos los centros educativos se garantice el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y de las normas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, especialmente en lo referente a la separación efectiva entre adolescentes condenados y procesados.

Asimismo, señaló que se tendrá en cuenta el respeto integral de los procesos de desintoxicación y la implementación efectiva de centros de semilibertad que funcionen como instancia de transición hacia la reinserción social.

Además, desde la OTP se remarcó que el objetivo central es dar cumplimiento al Libro V del Código de la Niñez y la Adolescencia, orientado a la reinserción. En ese sentido, se consideró que el contexto actual, con un número reducido de adolescentes privados de libertad y el respaldo de instrumentos internacionales que promueven el uso mínimo de la prisión preventiva, constituye una oportunidad para avanzar en reformas estructurales.

Al respecto, el camarista sostuvo, junto con los jueces, que los centros educativos deben cumplir no solo una función de resguardo o separación del adolescente de la sociedad, sino también una misión educativa y social orientada a prevenir la reincidencia, fortalecer los vínculos comunitarios y recomponer lazos familiares.

Como siguiente paso, la próxima semana se realizará una reunión con autoridades del Ministerio de Justicia, a la que serán invitados el ministro y los viceministros del área, con el fin de interiorizarlos sobre los planteamientos realizados y trabajar de manera conjunta en la implementación de medidas socioeducativas, correccionales y, cuando corresponda, privativas de libertad, siempre orientadas a la reinserción, expresó el coordinador de la Oficina Técnica Penal Adolescente.

Se mencionó que se prevé la organización de cursos especializados dirigidos a la Defensoría Pública, el Ministerio Público, jueces de Ejecución Penal, jueces de Sentencia y demás operadores del sistema, con el objetivo de profundizar la difusión y correcta aplicación del procedimiento penal juvenil, caracterizado por su especialización y por reconocer que el adolescente es una persona en desarrollo, con un régimen de responsabilidad distinto al del adulto.

Finalmente, Camilo Torres subrayó la necesidad de que todos los actores involucrados, como la Fiscalía, la Policía Nacional y demás instituciones, conozcan y respeten el proceso penal juvenil, a fin de unificar criterios y avanzar coordinadamente en la prevención de la reincidencia y la reinserción social de los adolescentes.

La actividad se desarrolló en la Sala de Conferencias Nº 1 del octavo piso de la Torre Norte del Palacio de Justicia de Asunción.