La máxima instancia judicial, a través de la Dirección de Derechos Humanos, recuerda que en el marco de las 100 Reglas de Brasilia se facilita el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad según edad, discapacidad, comunidades indígenas, género, trata de personas.

Se adhiere al recordatorio emitido por las Naciones Unidas celebrando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que dice: “En homenaje al Día Internacional de los Pueblos Indígenas, las Naciones Unidas emite para esta fecha una declaración especial dirigida a los Pueblos Indígenas del mundo entero”.

Afirmando, entre otras cosas, que los Pueblos Indígenas representan una gran diversidad: más de 5.000 grupos distintos en unos 90 países y hablan una abrumadora mayoría de 7.000 lenguas del mundo. Están constituidas por más de 370 millones de personas aproximadamente, es decir, más del 5% de la población mundial, y sin embargo se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables, representando el 15% de los más pobres (fuente: http://www.un.org/es/events/indigenousday/).

"En esta conmemoración anual, comprometámonos a hacer plenamente realidad la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, incluidos los derechos a la libre determinación y a sus tierras, territorios y recursos tradicionales”, indicó Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. 
Reconociendo la necesidad de impulsar de manera plural y coordinada las actividades destinadas a fomentar la efectividad de las "100 Reglas de Brasilia", la Corte Suprema de Justicia de Paraguay es la primera institución judicial de las que forman la Cumbre Judicial Iberoamericana en implementar esta Regla mediante la Acordada Nº 633/10.

Las 100 Reglas de Brasilia constituyen una declaración efectiva en toda Latinoamérica de una política judicial con perspectiva garantista de los derechos humanos. Por ende, en el marco de los trabajos realizados por la Cumbre Iberoamericana en su edición XIV, consideraron necesaria su elaboración. Sin embargo, no se limitan a establecer solo las bases de reflexión sobre los problemas de acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad, sino que también recogen recomendaciones para los órganos públicos y para quienes prestan servicios en el sistema judicial.