Una nueva acción de inconstitucionalidad plantearon los funcionarios del Poder Judicial contra varios artículos previstos dentro de la Ley 1626/2000 de la Función Pública. La referida acción fue promovida, teniendo en cuenta que la Secretaría de la Función Pública pasaría a ser el órgano encargado de nombrar a los funcionarios y empleados del Poder Judicial, mientras que la Corte Suprema de Justicia, según consta en la Ley, solo se reservará la facultad de nombrar al personal auxiliar, es decir, a choferes, ascensoristas y limpiadoras, entre otros. 

Los accionantes consideran esta decisión como un flagrante atropello a la dignidad y calidad de los funcionarios, así como contra la independencia del Poder Judicial, por lo que solicitan imprimir los trámites de rigor a la presentación, a la par de disponer la suspensión de los efectos de los artículos atacados, mientras se sustancie la presente acción y oportunamente declarar la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de los mismos, así como declarar la correspondiente nulidad. “Con la Ley estamos a disposición de la Función Pública y ésta secretaría permite que los funcionarios judiciales puedan ser trasladados a otras instituciones que para nosotros no corresponde, ya que es una intromisión de una secretaria a un Poder del Estado”, sostuvo la sindicalista Porfiria Ocholasky.

“Consideramos un flagrante atropello a nuestra dignidad y a nuestra calidad de Funcionarios Judiciales, la grosera intromisión de los legisladores, absolutamente prohibida por la Constitución nacional que nos rige, al pasar por alto lo que taxativamente dispone su Art. 3°, abrogándose facultades de constituyentes y no de las que les imponen sus cargos”, señala una parte del documento presentado.

Se cuestiona, además el hecho de que el Gobierno no realizó un relevamiento o diagnóstico general de la situación del funcionariado público, para luego plantear la estrategia de manera a proceder a los cambios, tanto de los efectos que implicará la transición en los funcionarios, como en las instituciones, para posteriormente concluir con la ley que constituya la base legal del ordenamiento u organización de dichos componentes del Estado.

“A todo ello debemos agregar, la necesidad de concienciar a los funcionarios para conocer estas nuevas leyes, a fin de ajustar sus actos a dichas normas, como se podrá notar, esto no ocurrió y hoy estamos ante una crisis, generada por la incapacidad de las autoridades de los diferentes gobiernos para administrar el país”, menciona igualmente la acción planteada.

Sostiene, asimismo, que pasar por alto las disposiciones constitucionales significaría soslayar el estado de derecho que debe imperar en todo sistema democrático, argumentando que con la medida se ignora y viola lo previsto en el Art. 247 de la Constitución nacional que dispone que “La administración de justicia estará a cargo del Poder Judicial, ejercido por la Corte Suprema de Justicia, por los tribunales  y por los juzgados, en la forma que establezcan esta Constitución y la Ley”.

Cabe señalar que los artículos de la Función Pública atacados de inconstitucional son los 1°, 6°, 7°, 8°, 15°, 24°, 33°, 36°, 37°, 50°, 74°, 93°, 95°, 96°, 98°, 125° y 139°.