Tras analizar el informe de auditoría elevado por la Dirección General de Auditoría sobre la nueva suspensión de la audiencia preliminar para elevar a juicio oral y publico el caso que involucra a Felipe de Jesús Ramírez, procesado por posesión y tráfico de drogas, la Corte Suprema de Justicia, a través del Consejo de Superintendencia decidió instruir sumario administrativo a los representantes legales del encausado, siendo designado como juez instructor el superintendente general de Justicia, abogado Rafael Monzón Sosa.

La medida, que es a los efectos de  averiguar, comprobar y esclarecer los presuntos hechos denunciados, afecta a los abogados Jorge García Gini y Darío Centurión Nybroe, así como a los demás profesionales que integran el equipo de defensores de Felipe de Jesús Ramírez.

La resolución, ya fue igualmente, remitida a la Oficina de Quejas y Denuncias para su registro y posterior derivación a la Oficina Disciplinaria de la Superintendencia General de Justicia.

El informe remitido por la Dirección General de Auditoría señala que tras analizar los antecedentes se constató las reiteradas suspensiones de la audiencia preliminar y que este lunes, fecha fijada para una nueva audiencia, la misma fue nuevamente suspendida, luego de que los abogados defensores hayan presentado recusación en contra de la agente fiscal Gilda Villalba Tottil.

La causal invocada por los abogados es que presentaron una formal denuncia en contra de la representante del Ministerio Público por la supuesta comisión de hecho punible “Producción inmediata de documento público de contenido falso, y producción mediata de documentos públicos de contenido falso y alteración relevantes para la prueba”.

“Considerando que en fecha de hoy – por ayer lunes – se tenía prevista la continuación de la audiencia preliminar se constituyó un auditor ante el Juzgado Penal de Garantías N° 2 a fin de observar el desarrollo de la misma, tomando conocimiento de que la audiencia fue nuevamente suspendida”, manifiesta una parte de la nota elevada por la Dirección General de Auditoría de Gestión Judicial.

Todos estos antecedentes hicieron que la Superintendencia General de Justicia instruyera  un sumario administrativo a todos los abogados intervinientes en el proceso.