Participaron del acto el procurador general de la República, abogado Marco Aurelio González; las titulares de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), abogada Teresa Rojas; de la Dirección General de Registros Públicos (DGRP), abogada y notaria pública Lourdes González; y de la Dirección de Automotores, abogada y notaria pública Julia Cardozo. También estuvieron presentes la directora general del Servicio Nacional de Catastro, Liz Moreno; el viceministro del MUVH, Jorge Bosch; la jefa de Gabinete de la Presidencia de la CSJ, abogada Cynthia Rico y el director general de Administración y Finanzas de la CSJ, abogado Mirko Duré; entre otros representantes institucionales e invitados especiales.

Durante su intervención, la ministra Carolina Llanes expresó: “Desde la Corte Suprema de Justicia tenemos pleno conocimiento del compromiso inquebrantable que ha mostrado esta dependencia, impulsando procesos de modernización, capacitación de sus funcionarios y atención a los usuarios, con la eficiencia y la transparencia como pilares fundamentales de la registración”.

Resaltó que los avances tecnológicos implementados, la simplificación de trámites y la dedicación del capital humano constituyen testimonios de un esfuerzo constante por ofrecer un servicio de excelencia. Asimismo, valoró la labor de la Dirección, especialmente en su función esencial de garantizar los derechos de la propiedad y contribuir al desarrollo económico y social del país.

Finalmente, mencionó que la reciente promulgación de la Ley N° 7424/25 abre un nuevo capítulo de desafíos y oportunidades.

A su turno, la directora de la DRI, magíster Mercedes Vera, manifestó: “Se ha evolucionado buscando las mejores técnicas y principios de seguridad jurídica para garantizar la propiedad. Nuestra institución registral se encuentra en un proceso de consolidación y adaptación a las demandas de una sociedad cada vez más exigente, en el contexto de la evolución digital y la dinámica de los negocios inmobiliarios, donde se evalúa la certeza jurídica que otorga la registración, con la colaboración esencial de la labor notarial”.

En ese sentido, puntualizó que se reafirma la función del registrador como responsable de la tutela jurídica del derecho real: “Nuestra labor va más allá de la inscripción, realizando un trabajo conjunto con la justicia civil y penal”, recalcó.

“Esta ordenanza representa un avance trascendental, con un marco normativo que permitirá consolidar los logros alcanzados y proyectarse hacia el futuro con una visión renovada en el ejercicio de nuestras funciones”, concluyó.