Durante la reunión celebrada el 26 de mayo en la sala “Paz del Chaco” del Congreso Nacional, los ministros de la Corte Suprema de Justicia compartieron con los integrantes de la Comisión Especial de Investigación del Senado los fundamentos técnicos y jurídicos del anteproyecto de ley, como parte de un espacio de diálogo interinstitucional sobre reformas al proceso ejecutivo civil.

El anteproyecto —presentado como iniciativa institucional de la Corte Suprema de Justicia— introduce modificaciones al Código Procesal Civil con el propósito de evitar prácticas que comprometan la integridad del proceso, como la reutilización de pagarés ya cancelados. La iniciativa contempla mecanismos concretos, como la obligación de devolver el título una vez saldada la deuda o registrar expresamente su cancelación, para prevenir que los documentos puedan ser empleados nuevamente de manera indebida.

En ese contexto, el ministro Eugenio Jiménez Rolón, explicó que la propuesta busca dar mayor coherencia al régimen de títulos de crédito dentro del proceso judicial, asegurando que las garantías del debido proceso se apliquen también en la ejecución de obligaciones. A su vez, destacó que la finalidad de la normativa es fortalecer la previsibilidad y confianza en el sistema de justicia civil.

El ministro Alberto Martínez Simón informó sobre medidas adoptadas en el ámbito interno a partir de auditorías de gestión, las cuales permitieron identificar casos que motivaron la intervención de cinco Juzgados de Paz y el inicio de procedimientos disciplinarios contra funcionarios y magistrados involucrados. Asimismo, se efectuaron las comunicaciones correspondientes al Ministerio Público para el análisis de eventuales responsabilidades penales.

En otro momento del encuentro, se abordaron avances institucionales en materia de acceso a la información y participación ciudadana. En ese sentido, el ministro Martínez Simón destacó la implementación de la Acordada N.º 1798, que habilita a las partes —además de sus representantes legales— a recibir notificaciones electrónicas, promoviendo así mayor transparencia en la tramitación de los casos.

Ambos ministros resaltaron la necesidad de incorporar buenas prácticas en el manejo de títulos cambiarios, así como de impulsar un cambio cultural que favorezca el cumplimiento responsable de las obligaciones y evite distorsiones procesales que afecten la equidad entre las partes.

Al término de la reunión, los legisladores expresaron su interés en avanzar con el análisis del anteproyecto, destacando la relevancia de la colaboración entre poderes del Estado para el fortalecimiento institucional y la mejora continua del sistema de justicia.