En el ejercicio de sus funciones de supervisión y control, el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia evaluó los antecedentes relacionados con una situación advertida a través de redes sociales, lo que motivó la apertura de un procedimiento preliminar de carácter administrativo.

En sesión ordinaria celebrada el 23 de mayo de 2025, el Consejo dispuso el inicio de una investigación preliminar ante la presunta utilización indebida de una sala de juicios orales del Poder Judicial, situación que habría involucrado a las abogadas María Fátima Muñoz Escobar, Matrícula N.º 51.540, y Gricelda Alejandra Arona Mieres, Matrícula N.º 20.969.

El análisis inicial identificó la eventual participación de ambas profesionales del derecho, razón por la cual se impulsaron acciones orientadas a verificar el cumplimiento de las disposiciones que regulan el ejercicio profesional y el uso adecuado de las dependencias judiciales.

En atención a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N.º 609/95 “Que organiza la Corte Suprema de Justicia”, la Acordada N.º 1597/21 y demás normativas aplicables, el Consejo resolvió remitir los antecedentes del caso a la Oficina Disciplinaria de la Superintendencia General de Justicia, previa inscripción en la Oficina de Quejas y Denuncias.

La providencia fue suscripta por el presidente del Consejo de Superintendencia, doctor César Diesel Junghanns, conforme al procedimiento establecido para este tipo de actuaciones, en estricto cumplimiento de las garantías del debido proceso.

La Corte Suprema de Justicia reafirma su compromiso con la integridad institucional, el uso responsable de los recursos públicos bajo su administración y la observancia de las normas que garantizan un ejercicio profesional ético y ajustado a derecho.